Con una polémica determinación, el Consejo de la Judicatura del Valle del Cauca restituyó a Juan Carlos Abadía Campo en su cargo como gobernador de ese departamento. La corporación, al resolver la tutela que había interpuesto Abadía por supuesta violación al debido proceso cuando fue sancionado disciplinariamente por participación indebida en política, expresó que al alto funcionario se le había violado un derecho constitucional y fundamental por parte de la Procuraduría General y que, por ende, el fallo expedido por este organismo el pasado 5 de mayo en primera instancia, ratificado por una segunda instancia el 25 de mayo, debía suspenderse.
La pelea es de largo aliento. Horas antes de que se conociera la posición del Consejo de la Judicatura, ya la Procuraduría le había exigido a la magistrada de la Judicatura Ruth Patricia Bonilla Vargas —ponente en la tutela de Abadía— que se practicara la inspección judicial al expediente, prueba que se había ordenado hace dos semanas, al tiempo que se suspendió temporalmente la sanción contra Abadía. Esta diligencia, palabras más palabras menos, era esencial para que el Consejo de la Judicatura del Valle analizara la actuación de la Procuraduría y estableciera si efectivamente se había vulnerado el derecho al debido proceso del gobernador del Valle.
La Procuraduría advirtió que la Judicatura no ha revisado el expediente a pesar de que éste se encuentra a su disposición desde el 21 de junio y que, incluso, podría enviar copias autenticadas. La presidenta de la Sala Disciplinaria del Valle, sin embargo, magistrada Carlina Varela, cuestionó la sanción impuesta por el Ministerio Pública y se mostró en concordancia con la defensa de Abadía Campo, que argumentó falta de garantías a lo largo del proceso. Al trascender hace dos semanas la suspensión temporal del fallo disciplinario por medio de una tutela, el procurador Alejandro Ordóñez manifestó públicamente que la decisión de la Judicatura del Valle era “grotesca, sin antecedentes” y en contra del orden jurídico.
El panorama político del Valle se empantanó aún más con este revés en la sanción contra Abadía, pues las tesis de lo que puede suceder son varias. Según la norma, sólo puede haber elecciones atemporales si el gobernador salió de su cargo hasta 18 meses antes de finalizar el mandato. Con esta restitución, que se definirá de una vez por todas en el Consejo Superior de la Judicatura como última instancia, podría no haber elecciones, que, según quienes conocen la política vallecaucana, es lo que buscaría el propio Abadía para lograr no perder el poder y conseguir que alguien de su cuerda ocupe el Palacio de San Francisco.