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Abren investigación contra Emilio Tapia por incumplir contratos con Invías

Habría incumplido 7 contratos viales con el organismo estatal por un valor de 6 mil millones de pesos.

13 de agosto de 2012 - 03:15 a. m.
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La Fiscalía General abrió una nueva investigación contra el contratista Emilio Tapia por las irregularidades que rodearon la ejecución de siete contratos viales firmados con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y cuyo valor superaba los 6 mil millones de pesos.

El ente investigador tiene una serie de documentos que indican que Tapia incumplió dichos contratos que estaban destinados a la construcción de vías en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Caldas

Entre los documentos presentados por RCN Radio se encuentran los contratos firmados por Emilio Tapia por medio de su empresa Cooperativa del Territorio Colombiano (COOTECOL), sin embargo dichos convenios fueron incumplidos por dicha firma lo que llevó a la caducidad del contrato para mejorar la red vial existente en el municipio de Chitaraque, Boyacá, cuyo valor ascendía a 800 millones de pesos.

«En el proceso de ejecución de los contratos se presentaron reiterados incumplimientos, lo que dio lugar a que en varios municipios emitieran actos administrativos sancionando con multas a la empresa contratista y que en algunos municipios se liquidará unilateralmente el contrato», indica el documento realizado por el CTI de la Fiscalía, base de la investigación contra Tapia.

Igualmente se pudo evidenciar que pese a que Invías tenía un supervisor que tenía como principal trabajo revisar el cumplimiento de los convenios y enviar un informe sobre el desarrollo de las obras, sin embargo el organismo estatal nunca notó ningún incumplimiento en los contratos hasta que ya eran muy evidentes y se vieron obligados a revisar dichos contratos, por lo que las obras quedaron paralizadas. 

«Los contratos contaban con un comité de Seguimiento contractual integrado por el Interventor contratado, el Supervisor del convenio del Instituto Nacional de Vías INVIAS y un funcionario designado por el municipio quienes verificaban el cumplimiento de la inversión y demás actividades del convenio», indica la decisión de la Fiscalía.

Por estos mismos hechos serán investigadas otras seis personas vinculadas a la empresa COOTELCOL, quienes habrían firmado los actos administrativos y tendrán que responder por el multimillonario detrimento.

El contratista Emilio tapia es procesado además por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en la caputal de la República, en el cual habría buscado a personas de la Alcaldía de Bogotá, congresistas y otro grupo de contratistas para adjudicarse tres millonarios contratos viales.

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La Fiscalía le imputó a Tapia los delitos de concierto para delinquir simple, cohecho propio e interés indebido en celebración de contratos, de los cuales solamente aceptó su responsabilidad en el primero.

Según el ente investigador Tapia se alió con varios contratistas, funcionarios públicos y miembros de la Alcaldía de Bogotá para apoderarse de los dineros destinados a la ejecución de obras viales en la capital de la República.

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En este sentido indicó que buscó por todos los medios que se le entregaran contratos de la reparación de la malla vial y valorización que se adelantó en el Instituto de desarrollo Urbano, IDU entre los años 2008 e inicios de 2010.

«Para los fines propios de tal concertación en la ciudad de Bogotá, usted se reunió para tratar temas de direccionamiento en la adjudicación de contratos de obras para la malla vial en las oficinas de Dávila Dávila Asociados, con los señores Julio Gómez y Álvaro Dávila», señaló el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Según la Fiscalía, para lograr sus objetivos Tapia viajó a la ciudad de Miami, Estados Unidos, en 26 ocasiones, entre el 6 de enero de 2008 y el 12 de diciembre de 2010. «Coincidiendo en 9 oportunidades con el abogado Álvaro Dávila; en 22 con el exsenador Iván Moreno, con quien viajó en vuelo privado y en dos con el exalcalde Samuel Moreno Rojas», indicó el representante del ente acusador.

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