El Acuerdo Transaccional al que llegaron Metro de Medellín y Consorcio Hispano Alemán primero debe pasar por un Control de Legalidad ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Es decir, un agente especial del Ministerio Público, designado para el efecto por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez , indicará si la transacción celebrada entre las partes lesiona o no el patrimonio público.
"Para este propósito la Procuraduría General de la Nación revisará las pretensiones de los procesos existentes, la posibilidad de éxito que tiene la entidad pública en dichas demandas y el nivel de riesgo en la recuperación de tales recursos", señaló el Ministerio Público.
Después de conocer ese concepto, el Tribunal Administrativo de Antioquia deberá decidir si imparte o no la aprobación de la transacción.
La Procuraduría había pedico la prelación en el trámite y fallo de los procesos que cursan ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual fue aceptada el mes de julio del año en curso.
Las intervenciones judiciales consideradas por la Procuraduría para llegar al Acuerdo Transaccional son:
– Decisión del 21 de noviembre de 2007 de un Tribunal de Arbitramento con sede en Panamá a favor del Cosorcio que ordenó el pago de 160 millones de dólares, frente a la cual se interpuso recurso de anulación ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
– Ejecutivo ordinario promovido por el Consorcio Hispano Alemán en contra de Metro Med, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que cuestiona la legalidad de la Resolución que declaró el incumplimiento del contrato por parte del Consorcio, proceso que desde septiembre de 1997 no ha pasado de la etapa probatoria. En este proceso el Metro de Medellín presentó demanda de reconvención en cuantía de mil millones de pesos.
– Proceso iniciado por Metro Med, en contra de las aseguradoras garantes del Consorcio, el cual se encuentra en etapa probatoria.
– Proceso Ejecutivo iniciado por el Metro de Medellín en contra del Consorcio Hispano Alemán, en el que se reclama la cláusula penal pecuniaria, ante el Consejo de Estado.