El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, aseguró que la Sala Administrativa está malgastando sus fondos y faltando a la transparencia. A esto, el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, aseguró que Villarraga está molesto con él y dejó entender que el magistrado estaría tomando retaliaciones en su contra.
“Ni yo ni la Sala Administrativa tenemos bronca alguna con la Sala Disciplinaria, distinta desde luego a la que en el día de hoy ha desencadenado el inefable presidente de esa sala. Tampoco creemos ostentar una supuesta superioridad ética (…) El doctor Villarraga nos solicitó en diciembre la creación de 1006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a $150 mil millones anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado, razón por la cual se los negamos, y es lo que al parecer lo tiene molesto”. Esa fue la respuesta del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, a los duros señalamientos que hizo en su contra el presidente de la Sala Disciplinaria de esa misma corporación, Henry Villarraga.
El magistrado Villarraga aseguró que la Sala Administrativa contrató con empresas cuestionadas por la Contraloría y, además, realizó millonarias adiciones a 20 contratos firmados durante la última semana del pasado mes de diciembre con lo cual, según él, se puso en entredicho la política de trasparencia de la Rama Judicial. El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura mencionó que la razón de las cuestionadas adiciones que ascendieron a por lo menos $12 mil millones fue la de remodelar los palacios de justicia de varias ciudades del país que se encuentran averiados, entre ellos los de Manizales (Caldas), Mocoa (Putumayo) y Cali (Valle del Cauca), este último, víctima de un atentado terrorista el 1 de septiembre de 2008.
Al respecto, Correa reiteró que “Ni yo como magistrado ni la Sala Administrativa celebramos contratos. Éstos son adelantados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Si la Sala Disciplinaria tiene alguna duda sobre el particular, bien puede dirigirse a dicha entidad. En esas condiciones, mal podríamos haber incurrido en irregularidades o adiciones en esta materia”. Sin embargo, los señalamientos del magistrado Villarraga no cesaron allí. El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura llegó, incluso, a asegurar que su homólogo de la Sala Administrativa, Néstor Armando Correa, utilizó dineros de la Rama Judicial para promocionar un libro de su autoría.
Prontamente el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura le respondió: “Yo hice dos viajes para realizar el lanzamiento de mi libro sobre derecho constitucional: uno a Medellín, pagado por el Colegio de Jueces y Fiscales de la ciudad, y el otro a Cali, financiado con recursos míos. Por tanto, ninguno de los dos viajes le costó un solo peso al Estado. Aparte de eso, aproveché de todos modos para trabajar y reunirme con los magistrados de los tribunales seccionales”.
Otro de los puntos que tocó Villarraga en su extenso cuestionamiento al magistrado Correa fue la publicación por parte de la Sala Administrativa de los viajes de los magistrados de las altas cortes y el costo de los mismos, sin explicitar la razón de ellos, hecho que según él hacía ver a los miembros de ese tribunal como turistas judiciales. “No es aceptable que coloquen en el listado los viajes de los magistrados, que salen a practicar diligencias judiciales, propias del oficio, sin aclararlo en el mismo listado”, mencionó Villarraga.
En su escueto comunicado de respuesta el magistrado Correa respondió: “En cuanto a los viajes de magistrados de altas cortes, publicados la semana pasada, no hay nada que explicar. Se trata de una simple relación de costos y viajes, que no configura acusación alguna, y que la Sala Administrativa decidió publicar, siguiendo estándares internacionales de transparencia. Si un ciudadano desea saber por qué un magistrado viajó a determinado lugar, bien puede dirigirse a él y preguntárselo, en ejercicio del derecho de petición”.
No es la primera vez que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura queda en el ojo del huracán. El pasado 28 de diciembre la Contraloría presentó un documento en el que se enumeraban 116 irregularidades en las que habría incurrido esa corporación, 67 de ellas con posibles implicaciones administrativas y una con presuntas implicaciones penales. En su informe, el ente de control, concluyó que la Sala Administrativa no había cumplido con sus metas de descongestión del sistema, tuvo fallas a la hora de contratar con otras entidades y malgastó parte importante de su presupuesto. El magistrado Villarraga le recordó al magistrado Correa estas investigaciones a lo que este respondió que la corporación bajo su cargo ha apoyado irrestrictamente las investigaciones de la Contraloría.
Entonces, el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura devolvió la pelota y aseguró, abriendo un nuevo capítulo en este rifirrafe que “la Sala Disciplinaria tendrá que entrar a darle explicación a la Contraloría sobre lo que se ha denominado el ‘carrusel de pensiones’ en esa Sala. Por lo pronto, la desinformada y curiosa declaración de hoy del presidente de la Sala Disciplinaria deja la sensación de que los pájaros le disparan a las escopetas”. El duro cruce de señalamientos deja en evidencia la bronca que hoy por hoy ronda en los pasillos del Consejo Superior de la Judicatura. Ambos presidentes pidieron lo mismo: que la justicia investigue.