Adriana Posso, la excontralora delegada a quien le correspondió en su momento abrir la investigación fiscal por el caso Saludcoop, dice sentirse perseguida por funcionarios del esquema de protección de la Contraloría, que, según ella, estarían recolectando datos privados a través de informes de inteligencia con el fin de relacionarla con las autodefensas. “Estructurar propaganda negra en mi contra no le hace bien a la gestión de la Contraloría”, sostiene. Además se refirió al polémico oficio de la entidad que pidió cruzar 57 nombres o empresas en el caso. Así le contestó a El Espectador.
Hace casi ocho meses que salió de la Contraloría. ¿Por qué hasta ahora se decidió a hablar?
He sido prudente desde mi salida. Pero hoy quiero dejar una constancia: desde la Contraloría jamás le di entrevistas a este medio y tampoco conozco a los columnistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. Por eso rechazo enfáticamente las afirmaciones que se lanzaron al interior de la entidad en un evento social reciente, según las cuales estaría gestándose un complot para afectar el proceso Saludcoop y yo sería la fuente de los prestigiosos columnistas. Además, quiero oponerme al desarrollo de actividades por parte de servidores al servicio de la Contraloría para recolectar material direccionado a establecer supuestos vínculos míos con las autodefensas.
¿Qué información tiene para afirmar que en la Contraloría dicen que hay un complot dirigido a afectar este caso?
Esta semana tuve una reunión con una persona de mis afectos que me dijo que había escuchado en la entidad que estaban muy angustiados por una publicación de El Espectador del día domingo, publicación que procedí a leer inmediatamente, y que se decía que se orquestaba un complot para afectar la validez del proceso Saludcoop y que yo tendría que ser la fuente de los doctores Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco en sus denuncias. No los conozco. Es la primera vez que accedo a hablar con alguien de este diario.
¿Y quién está tratando de involucrarla a usted con las autodefensas?
Jamás he ocultado que fui defensora de José Miguel Narváez. Tampoco son ocultas las circunstancias en las que llegué a esa defensa. Tuve que asumirla por la necesidad de empezar la audiencia pública en su proceso. Días antes, su defensor, Ulises Durán, sufrió amenazas contra su vida y se vio obligado a retirarse. Pero se hacía necesario iniciar el juicio y llevé ese caso hasta el 14 de octubre de 2011. Desde esa fecha no tengo contacto con el doctor Narváez (procesado, entre otros, por las “chuzadas” del DAS). Renuncié a seguirlo representando porque consideré que no había garantías para la defensa.
¿Lo que usted dice es que, fruto de esa defensa, ahora intentan relacionarla con las Auc?
Tengo entendido que se ha recolectado información dentro de la Contraloría y que se ha direccionado información, a través de informes de inteligencia producidos por funcionarios al servicio de la entidad, para establecer supuestos vínculos míos con las autodefensas y actuaciones al margen de la ley que no he cometido.
Eso que denuncia es muy grave. ¿Acaso esa entidad tiene competencia para producir informes de inteligencia?
Ciertamente el día lunes 11 de febrero radiqué en la Dirección de Protección de la Policía una petición para que se me informara si a través de mi escolta se dieron órdenes para llevar a cabo labores de inteligencia a la suscrita, a través de funcionarios adscritos a la Contraloría y, concretamente, al jefe del esquema de protección. Requerí que se me entregara la información que se hubiera recolectado y los informes captados sin mi autorización que reposaran en archivos de las entidades de seguridad o cualquier dependencia del Estado. Esta serie de ataques y presiones, todos estos comentarios que constituyen propaganda negra en mi contra, son bastante cercanos a una tortura psicológica, conducta que es sancionable en nuestro ordenamiento jurídico.
¿La Contraloría le está haciendo inteligencia a usted?
La información sobre la existencia de recolección de datos sobre mí merece una investigación.
¿Qué información tiene para asegurar que hay un presunto acecho de funcionarios de la Contraloría?
Esta información sobre mí estaría siendo recolectada por el jefe del esquema de protección de la entidad. Me abstengo de dar el nombre. Prefiero que sea la Policía, a través del derecho de petición que hice, la que conteste.
¿Y cómo supo de estas actividades de funcionarios de la Contraloría?
Tengo referencia de que un patrullero llamado Carlos Alzate, a quien no conozco, fue citado a un interrogatorio por parte del jefe del esquema de protección. Al parecer le preguntaron datos míos y le pidieron informar qué actividades ilegales he llevado a cabo y, al parecer, fue un interrogatorio con algo de presión. Este patrullero después hizo un comentario con otros funcionarios en el sentido de que estaba impresionado porque le hubieran hecho esas preguntas. Al parecer, no sólo se las habrían hecho a él, sino a otras personas.
Cuando se desempeñó como contralora delegada, ¿supo de este tipo de verificaciones sobre funcionarios de la entidad?
Nunca evidencié una conducta así, ni que se realizaran esta clase de recolecciones de datos que merecen una investigación.
¿Cree que la contralora Morelli sabe de estos hostigamientos que denuncia?
No creo que ella tenga conocimiento. Por eso he dirigido mi derecho de petición a la oficina de Protección de la Policía. Espero tener respuesta y poner en conocimiento de la doctora Morelli la contestación que se me dé.
¿Quién es Adriana Posso, cuándo llegó a la Contraloría y por qué salió de allí?
Soy abogada, especialista en derecho penal y en los últimos 10 años me he dedicado a la investigación de conductas irregulares y su respectiva judicialización en temas relacionados con el sistema de salud. Venía de trabajar en el sector privado y me posesioné como contralora intersectorial el 16 de diciembre de 2011. Luego fui ascendida al cargo de directora de la Unidad de Investigaciones Especiales. Presenté renuncia irrevocable el 26 de junio de 2012 a las 5:50 p.m. y al día siguiente fui declarada insubsistente.
¿Por qué se va de la Contraloría?
Estaba bastante agotada y no deseaba estar más.
¿Tuvo problemas en la entidad?
No hablemos de problemas sino de diferencias conceptuales sobre la forma en que se desarrollan las investigaciones.
¿Cuándo llegó a la investigación del caso Saludcoop?
El 23 de diciembre de 2011 recibí la indagación preliminar en ese caso y pocos días después se dio la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Me correspondió vincular a presuntos responsables y empresas, así como proferir medidas cautelares y avanzar en la fase probatoria.
Según usted, en la Contraloría dicen que hay interés de su parte en tumbar el caso Saludcoop.
Es absurdo. Hice parte de los resultados de esa investigación, un proceso realizado por personas cualificadas, con resultados que pueden sustentarse.
Hace una semana este diario publicó un oficio de la Contraloría en donde se solicitó cruzar en los computadores de Saludcoop 57 nombres o empresas para establecer posibles nexos. Allí aparecieron exministros, una congresista, un magistrado y hasta varias funcionarias de la Contraloría. ¿Conoció ese documento en su investigación?
Es lógico que existan interesados en opinar y hasta cuestionar la actuación de la entidad sobre ese punto específico. Lo inadmisible es que, en una falta de lealtad por parte de quienes han tenido alguna relación con la actuación, se exprese que existe un riesgo para el proceso. Quien afirme que un debate sobre el contenido de este documento afecta el expediente sólo pretende tender una cortina de humo. Para el caso puntual del soporte probatorio, me basé en análisis de estados financieros y otros documentos que recibí en diciembre de 2011. Los computadores o copias espejo a los que se refieren algunos de los entrevistados por este periódico nunca fueron recibidos por mi parte.
¿Supo usted de los criterios para realizar esa búsqueda?
La indagación del caso Saludcoop empezó el 4 de abril de 2011 y el oficio de los 57 nombres es del 13 de abril de ese año. Habría que ver qué información se recolectó en esa semana para ordenar este cruce. Alcanzo a recordar el nombre de un exministro (Diego Palacio), que fue vinculado al proceso. Sobre los demás no recuerdo que tuvieran relación con la operación de Saludcoop.
¿De dónde salen esos nombres?
Eso deben decirlo quienes solicitaron esa actividad. La indagación preliminar del caso empieza con un artículo del periodista Daniel Coronell, una denuncia de la entonces viceministra de Salud, Beatriz Londoño, y un pronunciamiento del senador Jorge Robledo. Pero no observé en esa indagación denuncia, anónimo o algún indicio sobre la mayoría de esas personas o empresas.
En su criterio, ¿estos cruces no traspasan la frontera de lo que puede hacer la Contraloría?
Tendría que ahondarse en la respuesta que el laboratorio (de informática) pueda tener sobre estas consultas. Las funciones de policía judicial de la entidad están regladas. Es prematuro calificar la actuación, prefiero que avance el debate.
La contralora Morelli dijo que esas verificaciones fueron legales y que en el país no hay intocables. ¿Qué opina?
La contralora dio una respuesta acertada porque está hablando del deber ser, de las directivas que ella da sobre el manejo de las funciones de policía judicial. Pero ella es segunda instancia y sólo en ese escenario puede pronunciarse. Se pueden hacer consultas sobre personas, pero éstas tienen que estar dentro del objeto de la investigación. Pero no le hace bien al proceso abrir una polémica sobre lo que ocurrió con la consulta, situación que en nada afecta el expediente. Ni lo ordené ni utilicé información sobre estas personas. Sobre eso soy enfática. El jueves la contralora le pidió a la Fiscalía que indagara este caso y otras denuncias en la entidad.
Durante su paso por el organismo, ¿supo de abusos allí?
Nunca.
¿Cómo se siente hoy?
Recolectar información para estructurar propaganda negra en mi contra no le hace bien a la gestión de la Contraloría. Hay que reconocer que esta entidad ha hecho un trabajo muy importante para el país. Pero es necesario que hagamos una pausa, que empecemos a revisar principios como el buen nombre, el derecho a la dignidad que les asiste a las personas. Esto me ha generado mucho dolor, muchísima angustia. Sentir el acecho es tan doloroso porque siento el peligro inminente.
¿Qué le quiere decir a la contralora Morelli hoy?
Ella tiene el apoyo irrestricto de los que creemos en su gestión. Ha sido una mujer valiente. Gracias a su actividad, hoy conocemos muchos hechos que eran secretos. A ella le tengo mucha gratitud. Cuando nadie creía ni levantaba una bandera a media asta por los dolientes del sistema general de salud, ella creyó, fue la primera. Eso se lo reconozco.
¿Y qué sobre los subalternos de ella que supuestamente estarían en campaña para difamarla a usted?
Ella es una mujer justa. Una vez tenga respuesta al derecho de petición, dependiendo de esos contenidos, sé que ella va a tomar la decisión correcta.
Y realmente cree que un organismo de seguridad le va a decir: “Sí, la estamos espiando”.
Por algún lado hay que empezar. Este procedimiento es el inicio que muchos colegas suyos han realizado, incluso para llegar a que se reconozcan sus derechos al buen nombre, la dignidad, hasta el derecho a la vida misma.
¿Tiene usted algún vínculo con las autodefensas?
No.
¿Se siente perseguida?
Sí, tengo esa sensación de acecho. Esa clase de comentarios no pueden producirse si no existe al menos una expresión, un dato. Esta clase de advertencia no puede surgir de la nada. Fui una funcionaria excelente, sin ningún llamado de atención, participé en procesos con resultados importantes para el país.
¿Hoy tiene investigaciones en la Contraloría?
Sí, por hechos relacionados con el trámite del proceso de Saludcoop, que van desde la interpretación de los estados financieros hasta un aparente extravío y aparición de un documento con posterioridad a mi salida.
¿Siente peligro por su vida?
Sí, siento temor porque no conozco la razón del acecho, y esta clase de afirmaciones, como que yo pertenezco a las Auc, en un país tan polarizado y de tan enormes complejidades, evidentemente lo pone a uno en riesgo.
Contralora pide que investiguen la entidad
La contralora Sandra Morelli les pidió a la Fiscalía y la Procuraduría que investigue si desde la entidad se vienen realizando interceptaciones o seguimientos ilegales a los columnistas Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano “o a las personas que ellos han indicado en innumerables escritos acusatorios que disfrazan bajo la forma de derechos de petición”, publicados en El Espectador. Según la petición, se solicitó que se revisen sus correos y teléfonos personales, así como su residencia “y todos aquellos lugares desde donde se habrían cometido los delitos que se me endilgan”.
Asimismo, pidió que se examinen las actuaciones del Laboratorio Forense de la Contraloría y si es del caso que se ordenen los allanamientos a que haya lugar. Por último dijo que los documentos publicados por este diario sobre el caso Saludcoop están sometidos a reserva y que exfuncionarios estarían usando ilegalmente información privilegiada.
En Twitter: @jdlaverde9