El 20 de abril de 2006, en Ciudad de Panamá, se registró una reunión entre supuestos delegados del cartel de Juárez de México y dos asociados y presuntos corredores de cocaína para el décimo frente de las Farc. Estos últimos fueron identificados como los ciudadanos colombianos José Joaquín Montes Ovalle y María Lilian Castellanos Poveda. El encuentro tenía por objetivo discutir el envío de 1.000 kilos de la droga hacia Estados Unidos, que se efectuaría desde pistas en Venezuela a las que las Farc tenían acceso.
Pero según Montes Ovalle, ni él era representante de las Farc ni sus interlocutores voceros del cartel mexicano. Desde la cárcel de Cómbita, donde se encuentra recluido en la actualidad y mientras se adelanta su proceso de extradición, asegura que es un agricultor de Saravena, Arauca, que fue convencido por el agente de la DEA Jorge Eduardo Murzi Duarte, quien le ofreció dinero haciéndose pasar como representante del cartel de Tijuana para presentarse como abastecedor de droga en la capital panameña donde se reunió con investigadores encubiertos de esa agencia norteamericana.
Dijo que aceptó el ofrecimiento en abril de 2006 por su precaria situación económica y porque una de sus cinco hijas sufre de reumatismo degenerativo y su esposa, de cáncer. Aseguró que un día después regresó a Colombia en compañía de la mujer con la que estuvo en el encuentro, pero que pasaron varias semanas y no tuvo razón del dinero que supuestamente iba a recibir por haber ido a Panamá. Mientras tanto, agregó, su esposa fue empeorando y tuvo que internarla en el Instituto Cancerológico en Bogotá. Luego, Murzi Duarte lo llamó a su casa en octubre de 2008 y le propuso encontrarse en Cúcuta.
Según Montes Ovalle, el dinero por el trabajo que había hecho ya estaba listo pero antes, a través de un celular, debía responder a los supuestos compradores en Panamá “que yo tenía todo lo que ellos necesitaban (… )y que yo era un duro”. Añade que el agente Murzi le dijo que de esa manera iba a solucionar sus problemas de pobreza. Aunque no recuerda cuántas veces habló por celular, sostiene que finalmente Murzi le anunció que todo estaría listo el 19 de marzo pasado. Ese día se encontraron en Bucaramanga y allí fue capturado por agentes del CTI y de la DEA.
Sin embargo, casi dos meses después, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía revocó la resolución que había proferido en contra de María Lilian Castellanos Poveda y ordenó su libertad inmediata. Por esa razón la defensa Montes Ovalle, quien presentó a su favor más de 16 certificaciones y declaraciones extrajuicio en las que sus vecinos y amigos manifiestan que se trata de un agricultor y colono desde hace más de 30 años de Saravena, solicitó al fiscal general, Mario Iguarán, que en virtud al derecho a la igualdad, también sea dejado en libertad como ocurrió con Castellanos Poveda.
Más allá de su versión, la Fiscalía cree que hay méritos para creer que en verdad se trata de un contacto de la guerrilla de las Farc para llevar cocaína hacia Norteamérica. Además, el proceso ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia radicado con el número 31911. De igual modo, Estados Unidos lo cree así y en la carta de presentación de Montes Ovalle, en la que también es relacionada María Lilian Castellanos, ante Lev L. Dassin, fiscal de distrito sur de Nueva York, son reseñados como “presuntos agentes de la cocaína para el décimo frente de las Farc”.
Por ahora la palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá dirimir si en verdad el detenido es un peligroso enlace del grupo guerrillero para el tráfico de estupefacientes o como lo dice él, su defensa, sus familiares y amigos un humilde agricultor que se dejó seducir por cantos de sirena para ayudar a su esposa y a su hija.