Las irregularidades detrás del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) aparecen casi desde su concepción. Al menos así lo deja ver la Fiscalía en el escrito de acusación con el que justifica la necesidad de llevar a juicio a cinco exfuncionarios del Ministerio de Agricultura supuestamente por haber sido los principales responsables de violar los principios de contratación estatal.
El escrito de acusación, que la Fiscalía empezó ayer a socializar en audiencia pública con las partes procesales, se convierte a su vez en una fuerte crítica por la forma como el Ministerio de Agricultura “desdibujó” los principios fundamentales del programa AIS y permitió que terceros adinerados se apropiaran de recursos estatales que estaban destinados a “reducir la desigualdad en el campo”. Se estima que el desvío de dichos recursos asciende a los $300 mil millones.
Y es por estas supuestas irregularidades que la Fiscalía llevará a juicio a los acusados Juan David Ortega Arroyave, exsecretario general del Ministerio de Agricultura; Camila Reyes del Toro, exdirectora de comercio y financiamiento del Ministerio; Tulia Eugenia Méndez Reyes, jefa de la oficina jurídica; Óskar August Schroeder Muller, jefe de la oficina jurídica, y Juan Camilo Salazar Rueda, viceministro de Agricultura. Según el ente acusador, de ellos dependía la viabilidad de suscripción de los convenios que terminaron en el desembolso de recursos públicos al IICA y de allí por medio de subsidios a terceros beneficiarios, que en su gran mayoría no los necesitaban.
Para el ente acusador, las faltas obedecen a la ausencia de planeación en el proceso de contratación, la falta de estudios previos y estudios de factibilidad, lo que llevó a que se cometieran delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros.
Y es que, según la Fiscalía, de acuerdo con la investigación, la firma de los convenios 003 de 2007, 0055 de 2008 y 0052 de 2009 con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA) está plagada de fallas, con las que “el Ministerio de Agricultura incumplió los requisitos legales esenciales para su celebración”.
La primera falla estuvo en la forma como eligieron la modalidad de contratación. Minagricultura erróneamente eligió la contratación directa, justificando la decisión en que los convenios eran para actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, al revisar con lupa los contratos se encontró que eran para administrar los recursos destinados a AIS, lo que obligaba a que se hiciera el contrato mediante licitación.
Pero fuera de hacerlo de esta manera, no se hicieron estudios de necesidad y conveniencia; no hubo pliego de condiciones para los contratos; no hubo publicidad de los convenios y a la hora de ejecutarlos no exigió las garantías al IICA, ni las pólizas. Finalmente, permitieron que se empezaran a ejecutar los contratos antes de haberse firmado.
La Fiscalía también encontró que el Ministerio incluyó en las carpetas de los contratos documentos que nada tenían que ver con los que exigía la Ley de Contratación, para aparentar el cumplimiento de todos los requisitos. En medio de este panorama se echó a andar un proyecto sin reglas de juego claras sobre los beneficiarios del programa, con lo que quedó una puerta abierta para beneficiar a los que menos necesitaban. Estas situaciones y las evidencias muestran que detrás de AIS faltó la rigurosidad para evitar las irregularidades que motivaron el proceso penal.
“Los convenios no cumplieron la finalidad perseguida. Las convocatorias crearon unos requisitos que no podían cumplir los pequeños ni los medianos agricultores. Los únicos que podían cumplirlos eran los grandes agricultores”, indicó la Fiscalía.