La ampliación de una nueva demanda de constitucionalidad del acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, que permitiría el ingreso de más de 1.800 soldados de ese país en siete bases militares nacionales fue demandado ante la Corte Constitucional por parte de la ONG Justicia y Vida.
La organización ya había hecho referencia a la acción judicial dada a conocer el jueves pasado en el Congreso de la República, en la que se objetó la competencia del Ejecutivo para celebrar el convenio sin previa actuación del Legislativo.
La vocera de Justicia y Vida, Lilia Solano, señaló que no solo el Congreso sino el pueblo colombiano deben abordar el debate acerca de la conveniencia de esta iniciativa, pues no se trata de una ampliación de los acuerdos ya existentes, como se ha argumentado.
Añadió que los alcances de los acuerdos son mucho más amplios, pues le da un margen de acción sin precedentes a los militares de los Estados Unidos, que no estaban contemplados en los pactos bilaterales vigentes entre los gobiernos de uno y otro país.
“Hay tres cosas que nos preocupan: una, que se podría prestar para ataques transfronterizos, y Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso; dos, está todo el tema de la impunidad que le concederían al personal norteamericanos que ocupara las bases; y, tercero, el tema de la soberanía”, sostuvo.