La abogada Gloria García Coronel, representante legal de la firma GGC, encargada de recuperar la cartera del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, le relató a la Corte Suprema de Justicia cómo el entonces senador Iván Moreno habría metido la mano en la contratación de la entidad. En su declaración de 38 páginas, conocida por El Espectador, García sostuvo que el gerente del hospital, Luis Guillermo Cantor, la citó a su oficina en el año 2010 y le explicó que tenía “compromisos políticos” que requerían la colaboración de los contratistas.
Según García, en dicho encuentro Cantor Wilches le dijo que en el Hospital Meissen los abogados encargados de cobrar la cartera les daban a los directivos y a Iván Moreno para sus campañas un 90% de sus honorarios. García se negó asegurando que era un despropósito pagar esa cifra, mucho menos cuando ella tenía a su cargo a 45 contratistas trabajando para el hospital, y que su carta de presentación era “sacar de la iliquidez a las entidades que se encontraban sin cobrar su cartera por muchos años”.
La excontratista denunció ante la Corte que Cantor y su junta directiva le suspendieron súbitamente el contrato, le escondieron facturas que necesitaba para soportar sus reportes y luego la denunciaron por incumplimiento. Ella, a su vez, los demandó por “faltar a la verdad”. En ese vaivén entre García y Cantor, ella empezó a buscar información sobre este funcionario y terminó enterándose de que Iván Moreno habría ubicado a Cantor Wilches en la gerencia y a Jesús Eduardo Alfonso en la subgerencia del Simón Bolívar porque, ante la construcción de la segunda torre que se avecinaba, “le interesaba tener gente de su confianza”.
De acuerdo con la declaración de Gloria García, el subgerente del Simón Bolívar, Jesús Eduardo Alfonso, era la mano derecha de Iván Moreno Rojas. “El doctor Chucho estaba citando a los contratistas para pedirles coimas, a otros contratistas les estaban celebrando nuevos contratos, pero por mayor valor de los que venían con el doctor Lemus y el excedente se lo tenían que entregar a ellos”. En repetidas ocasiones García Coronel le pidió a la Corte que hiciera inspecciones para determinar si esa información, que ella recogía de funcionarios del hospital, era o no cierta.
García denunció también un aumento en el número de trabajadores en el Simón Bolívar, tema de gran interés para las autoridades que intentan establecer si se establecieron nóminas paralelas. Su denuncia coincide con los hallazgos del ‘Informe final de la comisión de seguimiento a la contratación de Bogotá’ de 2010, en el que se resaltó no sólo la posible cercanía entre Cantor y la casa Moreno Rojas, sino que los cargos, que no correspondían a las necesidades del hospital, se crearon para cumplir con cuotas burocráticas relacionadas con el entonces senador Iván Moreno.
Las facturas embolatadas, la falta de cooperación de la administración Cantor para culminar el trabajo, la paralización del recaudo de la cartera y el no pago de los honorarios a la firma GGC tenía, aseguró García Coronel ante la Corte Suprema, un solo objetivo: “Acorralarnos con el fin de obtener un acto contrario a la ley, ya sea ofreciendo una coima o alejándonos del objeto contractual”. García, por último, indicó que Cantor Wilches sólo aceptó reunirse con ella por intermediación del abogado Manuel Sánchez, quien también está en la mira de la justicia por supuestamente haberse llevado ‘tajadas’ de contratos del Distrito.
El Simón Bolívar responde
“Si es verdad que la señora Gloria García hizo esas afirmaciones, ella está incurriendo en un falso testimonio. Ella quizás está molesta porque cancelamos su contrato, pero es que era un contrato absurdo, lesivo a los intereses del Distrito, y ella ni siquiera recaudó lo que debía recaudar”. De esta manera las directivas del Hospital Simón Bolívar, en cabeza del subgerente Jesús Eduardo Alfonso, rechazan los señalamientos de García Coronel. “Ni el doctor Cantor ni yo conocemos personalmente a los Moreno Rojas, lo podría decir bajo gravedad de juramento”, expresó Alfonso.
De acuerdo con el funcionario, el Hospital Simón Bolívar ha recibido más de 20 visitas de control por parte de la Corte Suprema, la Procuraduría, la Contraloría y hasta del Invima. “Nos preguntan por los contratos de la construcción de la segunda torre, pero es que resulta que esa torre no se ha construido. Este diario denunció posibles irregularidades con los servicios de imágenes y de atención renal, que el dinero se estaba yendo para los bolsillos del doctor Iván Moreno, pero ambos contratos fueron suscritos en la administración anterior a la del doctor Cantor Wilches”, explicó Alfonso.
Alfonso sostiene que lo que se ha afirmado hasta la fecha sobre el cartel de la salud es “injusto y temerario”, y que en el caso del Simón Bolívar “se han hecho afirmaciones públicas que no corresponden a la realidad”. Cantor, como lo recuerda Alfonso, fue elegido director del hospital Simón Bolívar luego de ser seleccionado por la Universidad Javeriana para formar parte de la terna de la que se escogió el ganador al director del hospital. “Montamos una oficina de contratación que es modelo y con ella recuperamos unos $8.000 millones el año pasado por cartera. En el Hospital Simón Bolívar no se ha construido la torre nueva ni hemos sido cuota de nadie”, concluye Alfonso.