A tres de los protagonistas esenciales del escándalo parapolítico les llegó esta semana el inquietante turno de ser reseñados por agentes del CTI de la Fiscalía y ser escoltados a su sitio de reclusión. El pasado miércoles el ente investigador les profirió medida de aseguramiento por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las autodefensas, comandado por el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Se trata de los ex congresistas Salomón Saade Abdala, José Gamarra Sierra y Enrique Osorio de la Rosa, quien, según el ventilador del DAS, Rafael García, “fue el genio del fraude electoral” que les permitió a estos dos ex parlamentarios garantizar una curul durante las elecciones regionales del 10 de marzo de 2002.
El Espectador tuvo acceso a la trascendental decisión del ente acusador, en la que se concluye que del proyecto paramilitar denominado “La Provincia Unida” —que les asignó a los aspirantes apadrinados por el Bloque Norte ciertos municipios de Magdalena— se beneficiaron tanto Saade como Gamarra, con el auspicio de Osorio de la Rosa, un ex funcionario de la Registraduría departamental encargado de conseguir los censos electorales que fueron utilizados para la configuración de un programa informático diseñado por Rafael García que ‘legalizó’ las atípicas votaciones presentadas en esa zona del país.
La providencia, de 46 páginas, es extensa en reseñar el auge del fenómeno paramilitar en el Magdalena, le otorga total credibilidad a la extensa y pormenorizada declaración de Rafael García, refrenda el testimonio de Judith Salas Vallejo —registradora municipal del municipio de Sitionuevo—, quien aseguró que jurados de votación, intimidados por las autodefensas, marcaron tarjetones y maquillaron votos en favor de Salomón Saade y José Gamarra Sierra, y por último, es contundente en calificar como un despropósito los sufragios obtenidos por ambos ex parlamentarios, que en algunos municipios alcanzaron un 98% del potencial electoral.
Los dos veteranos ex congresistas negaron nexos con el temible jefe paramilitar Jorge 40 y sólo Osorio de la Rosa aceptó tener una amistad de muchos años con su verdugo, Rafael García, porque estudiaron juntos en el colegio Ateneo Moderno, en Santa Marta. Por ejemplo, en su diligencia de indagatoria, Salomón Saade, de 78 años, manifestó que fue elegido en 2002 como senador por el Partido Liberal y que fue fórmula de Jorge Luis Caballero —condenado por sus vínculos con las Auc—. Agregó que desde 1990 se desempeñó como parlamentario, que su capital político —y no la ayuda ‘para’— le garantizó 57.526 votos en 2002 y que sólo ha visto a Jorge 40 por televisión.
Por su parte, José Gamarra Sierra se declaró ajeno a cualquier tipo de acuerdo con grupos ilegales, ponderó su carrera política, que inició como diputado en 1995; aseguró que solamente vio a Rafael García una vez “en el comando de la campaña electoral del presidente Uribe” durante las elecciones presidenciales de mayo de 2002 y afirmó a pie juntillas que nunca se reunió clandestinamente con Jorge 40 “porque la única vez que asistí a Santa Fe de Ralito lo hice con autorización de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes”.
No obstante, reposan serias pruebas en el expediente que dicen lo contrario. Por ejemplo, García sostuvo que Gamarra era el enlace directo de Jorge 40, que le pagó $4 millones a Enrique Osorio de la Rosa por sustraer las tarjetas electorales de la Registraduría y que se enteró de que el jefe ‘para’, durante una reunión en una finca de 40 en Sabanas de San Ángel, le regaló $1 millón más a Osorio como muestra de su compromiso con las autodefensas “y para que se comprara un nuevo celular que había perdido en esos días”.
Como si fuera poco, la Fiscalía encontró en un allanamiento a una finca de Jorge 40 un documento conocido como el Pacto de Chivolo —firmado entre otros por Gamarra—, en el que se acordó un apoyo irrestricto al proyecto de las autodefensas. Preguntado por la Fiscalía por la suscripción de este ‘contrato’, Gamarra contestó simplemente que el Pacto de Chivolo fue “un acuerdo de políticos, hecho por políticos para políticos”. Pero, además, su cercana amistad con el señalado jefe de las autodefensas, Saúl Severini, complicó aún más su situación jurídica.
El 10 de diciembre de 2006 Severini fue capturado por el delito de homicidio en una de las fincas de Gamarra en Pivijay. La Fiscalía lo interrogó sobre este asunto y Gamarra dijo sin mayores aspavientos: “Si uno no les da posada a sus amigos, ¿entonces?”. No obstante, Gamarra le contó a la Fiscalía que desconocía las andanzas ilegales de Severini e incluso aportó al proceso una foto que se tomó en agosto de 2001 con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez que, según él, fue registrada en la casa de Severini, localizada en Pivijay.
“Para la elección de 2002 el señor Saúl Severini, reconocido ganadero y líder cívico, le dio el apoyo al presidente Uribe y sus amigos y familiares me acompañaron a la Cámara de Representantes, y en ese entonces Severini no tenía ningún vínculo con grupos al margen de la ley que se supiera, como se puede constatar con la visita de Álvaro Uribe a su casa, con todos los controles de seguridad que tenía el candidato”, manifestó en su diligencia de indagatoria Gamarra en la Fiscalía.
Registros de la Fiscalía, sin embargo, constatan el poder mafioso de Saúl Severini. Se postuló como desmovilizado del Bloque Norte, reconocido a través del carné 30-01729, pero nunca se acogió formalmente a la Ley de Justicia y Paz. Las autoridades tienen conocimiento de su activa colaboración con un grupo paramilitar emergente que delinque en la zona de Pivijay y tiene seis procesos vigentes en la Fiscalía por delitos relacionados con la conformación de grupos irregulares, concierto para delinquir, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. Junto a su hermano Carlos Severini Caballero aparece como uno de los principales financiadores de las autodefensas.
Lo curioso, sin embargo, es que pese a sus múltiples requerimientos judiciales no está en prisión. Pese a ser capturado en diciembre de 2006 en un predio de José Gamarra por el delito de homicidio, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad el 30 de octubre de 2007 al resolver un recurso de apelación a una acusación en su contra. Severini es propietario, según registros oficiales, de nueve predios en la zona de Pivijay avaluados en miles de millones de pesos y es considerado por los organismos de seguridad como el comandante del Frente Pivijay de las autodefensas. Precisamente en dicho municipio, José Gamarra obtuvo en 2002 10.959 sufragios, es decir, el 88% de la votación total.
La providencia de la Fiscalía que ordenó la captura de Gamarra, Saade y Osorio de la Rosa tiene una perla particular hasta hoy desconocida: el último mencionado manifestó que se desempeñó como informante del DAS por invitación que le hizo entonces Jorge Noguera —detenido y procesado por sus nexos con las Auc— “en reconocimiento a su trabajo en la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en Santa Marta”. Según el documento, Osorio le informaba cualquier anomalía detectada en las entidades del Estado a un detective identificado como Ignacio. Sin embargo, señaló Osorio, sólo estuvo hasta 2005 ejerciendo como informante “porque no tenía garantías de que en el DAS guardaran la reserva de su nombre”.
En conclusión, para la Fiscalía es un hecho que sí se constituyó un fraude electoral para las elecciones al Congreso en 2002 —que después fue copiado en los comicios presidenciales— y que de éste se beneficiaron los candidatos ‘nominados’ por el Bloque Norte. Esta importante decisión y la captura de los ex congresistas Jorge Castro Pacheco y Miguel Ángel Durán por los mismos hechos, confirman que la marea parapolítica parece no amainar pronto y, por el contrario, arreciar su curso.
¿Cuántos políticos más faltan? Un interrogante que la justicia intenta resolver y que por ahora tiene a casi 70 parlamentarios y ex parlamentarios procesados, detenidos y condenados por sus nexos con el paramilitarismo. Todo indica que el cálculo de Salvatore Mancuso del 35% del Congreso bajo sus órdenes se quedó corto.