Por la no presencia de cinco abogados y la solicitud de dos implicados al señalar que no tienen defensores, se aplazó la audiencia de imputación de cargos en contra de exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
A la salida de los juzgados de Paloquemao, el exdirector de la entidad Omar Figueroa señaló que durante la próxima diligencia, fijada para el 30 de noviembre, “demostrará su inocencia” y aclarará todo lo relacionado con la administración de bienes.
Este miércoles ante un juez de garantías, la Fiscalía General les iba a imputar los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho, prevaricato, falsedad en documento privado y concierto para delinquir al exdirector de la DNE Ómar Figueroa y otros 10 exfuncionarios de la entidad y particulares.
La Fiscalía los investiga por su presunta responsabilidad y participación en la red de corrupción que se tejió dentro de la Dirección Nacional de Estupefacientes con el nombramiento irregular de depositarios de los bienes incautados a la mafia y su entrega a particulares.
La lista de procesados la complementan Jairo Coral Romo, asistente de Figueroa y del también exdirector Carlos Albornoz. Junto con ellos, Adolfo Figueroa Avella, padre del exdirector, y Luis Agreda, socio de Figueroa Avella. Ambos estuvieron involucrados en un escándalo por estar supuestamente negociando bienes de la DNE.
A ellos se suman los exfuncionarios de la DNE Manuel Francisco Ospino, Juan David Gutiérrez Urueña y Javier Mantilla Sandoval. Además, Luis Fernando Rojas Cañón,conductor de un presunto narcotraficante y depositario de nueve bienes incautados a la mafia.
Igualmente deberán presentarse en la diligencia judicial Jairo Alfredo Muñoz Parra, quien actualmente es servidor público en Valledupar; Liliana Garavito Jiménez, quien denunció al exdirector Figueroa, y Óscar Castilla Alarcón.
Estas son los primeras personas en enfrentar la justicia por la posible feria de bienes que hubo en la institución, que está ad portas de liquidación debido a sus constantes problemas de corrupción e irregularidad administrativa.
Por el llamado escándalo de la DNE, la Corte Suprema de Justicia investiga a 13 congresistas que supuestamente se beneficiaron de manera irregular de los bienes administrados de la DNE.