Al considerar que necesita estudiar con detenimiento el expediente de proceso que se adelanta contra el exsecretario general de Presidencia Berardo Moreno por presunto tráfico de influencias, el nuevo vicefiscal General Wilson Alejandro Martínez suspendió la declaración que estaba programada para este jueves del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
El Viceiscal consideró que es necesario hacer esta revisión antes de proceder a la práctica de esa prueba. Por lo que una vez efectuado el estudio correspondiente, procederá a fijar nueva fecha y hora para la recepción del testimonio del exmandatario.
Moreno es investigado por presuntamente haber ejercido presiones en contra del exdirector de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) Guido Echeverry para que nombrará a personas cercanas al excongresista Tony Jozame en la entidad, en contraprestación a la ayuda que éste prestó en la aprobación del referendo relecciosnista en 2004.
Sin embargo, en una misiva enviada por el exmandatario a la Vicefiscalía el pasado lunes, señalaba que la decisión de retirar a Eceheverry de la dirección de la Esap fue suya debido a la reorganización que quería realizar en el centro educativo, manifestando que su entonces secretario general no tuvo ninguna injerencia en esta decisión.
“Cuando me desempeñé como Presidente de Colombia y dentro del ejercicio del fuero presidencial sobre los funcionarios de libre nombramiento y remoción determiné de manera personal y motivado por las necesidades de mi programa de Gobierno, el cambio en la dirección nacional de la Escuela Superior de Administración Pública”, precisó en el exmandatario.
En la carta, Uribe Vélez asegura en su proyecto de Gobierno uno de los principales propósitos era que la ESAP pasara de 3.000 estudiantes a 14.000 “y que avanzara en formación virtual”, hecho que lo motivó a revisar la continuidad de sus directivas, con el fin de lograr su proyecto en el menor tiempo posible y con mayor efectividad.
“Quisiera solicitarle muy especialmente, se sirva escucharme en diligencia de declaración bajo juramento, para poder informar a la Fiscalía lo que me consta de manera directa y personal sobre estos hechos”.
Vale recordar que Moreno fue señalado por el ex director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y actual gobernador de Caldas, Guido Echeverry,quien aseguró en 2009 ante la Fiscalía General que recibió presiones del exfuncionario presidencial para que nombrara a personas cercanas al excongresista Tony Jozame en la entidad.
«Moreno me comentó que se necesitaba hacer ese nombramiento porque algún parlamentario no estaba satisfecho con el tratamiento burocrático que se estaba dando en el departamento de Caldas, y que eso ponía en riesgo la mayoría en el Congreso en temas importantes», manifestó Echeverry en su declaración ante la Fiscalía en 2009.
Sin embargo, Echeverry se negó a acceder al nombramiento, razón por la cual Bernardo Moreno le habría solicitado a Fernando Grillo, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, que le pidiera la renuncia, la cual se realizó a finales de 2004.
«Hacia la segunda mitad del primer semestre de 2004 recibí una llamada del Doctor Bernardo Moreno, quien me dijo que había necesidad de cambiar al Director Territorial de Caldas de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), Dr Marco Fidel Chica, yo le dije que ese tema era sensible porque el Director era excelente. Y yo me negué a hacer ese cambio, Moreno siguió haciéndome esa petición en términos más perentorios.Prácticamente impartiéndome la orden de deponer al director. (….) Después me mandan a decir que después del concurso se debía escoger una persona afín al parlamentario Tony Jozame”, precisó Fernando Grillo en su declaración.
Por estos hechos el exsecretario general de Presidencia podría ser investigado por los delitos de concusión y tráfico de influencias.
Moreno se encuentra asegurado por el proceso que se le adelanta por las llamadas ‘chuzadas’ del DAS, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones