Por cuarta oportunidad consecutiva fue aplazada la audiencia en la cual la Contraloría General le iba a solicitar a un juez de garantías que cobijara con medida de aseguramiento al contratista Julio Gómez dentro del proceso que se adelanta por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá.
La decisión del aplazamiento se tomo en esa oportunidad debido a que la defensa del contratista presentó un memorial en que señalaba que la diligencia judicial no se podía hacer hasta no conocer la decisión de un juez de conocimiento sobre el preacuerdo allegado por su cliente con la Fiscalía.
«El defensor de Julio Gómez radicó una petición orientada a que se defina la competencia porque a su manera de ver como ya hay una audiencia para preacuerdo, comenta que piensa que el juez de garantías no es el adecuado para la solicitud», explicó el fiscal del caso, manifestando que se presenta una “diferencia de competencias”.
Igualmente el delegado de la Fiscalía manifestó que la no asistencia de Gómez a este tipo de diligencias judiciales “es una maniobra dilatoria” del imputado.
Según la Contraloría General, el polémico contratista debe ser merecedor de la medida de aseguramiento, por la gravedad de sus delitos, además de representar un peligro para la sociedad.
Al contratista la Fiscalía ya le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir en el proceso por el llamado carrusel de la contratación.
Por estos hechos, Gómez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en donde aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, además de comprometerse con la devolución de 297 millones de pesos, monto en el que fue estipulado por ente acusador su peculado.