Por solicitud de la Fiscalía General fue aplazada por segunda vez la audiencia pública en la que se le iba a solicitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego que explicará la forma en cómo se expidió el decreto que determinó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Según se ha podido establecer, la fiscal que asumió este caso tenía otra audiencia por el llamado caso de las ‘chuzadas’ del DAS en la Corte Suprema de Justicia, hecho por el cual solicitó reprogramar la diligencia judicial.
Petro fue denunciado, por el abogado Mauricio Pava, apoderado de constructores y comunidad, por el delito de prevaricato por acción al considerar que el mandatario distrital se extralimitó en sus funciones al desconocer la decisión del Concejo de Bogotá.
“Las autoridades penales citaron a Petro a una audiencia de protección a las víctimas para que se discutiera las probables o muy seguras irregularidades en la expedición del POT, igualmente para adoptar una determinación de cesar el efector jurídico hasta que las autoridades administrativas tomaran una decisión administrativa de suspenderlo o derogarlo”, precisó.
El abogado señaló que en el decreto del Plan de Ordenamiento Territorial se violentaron diferentes leyes, desconociendo así las competencias institucionales. “Lo que hemos podido verificar es que ante el consejo y la comunidad se presentó uno y se decretó otro. La institucionalidad jurídica es la única contención contra los excesos de poder de los lideres ya sean de derecha o de izquierda”.
“Esperamos que en la próxima audiencia se tomen las medidas de protección para que en el término de tres meses las autoridades administrativas resuelvan las demandas interpuestas y tomen una decisión definitiva. Ante esto queremos que se suspenda el otorgamiento de licencias mientras el POT está vigente y que le va a costar enormes recursos a la ciudad”.
Igualmente señaló que el burgomaestre tiene que explicar ante los jueces la forma en la que se avaló el POT, puesto que “ha venido sosteniendo que su conducta fue legal y ausente de cualquier irregularidad, pero afirmaron que por sus ocupaciones no podían explicar lo que está sucediendo y cómo todo esto se está desarrollando de manera abiertamente ilegal”.
El abogado representa a un grupo de constructores, organizaciones cívicas y ONG, que considerar que con este decreto se está afectando seriamente la integridad de Bogotá y sus ciudadanos.