El asesinato de Ana Fabricia Córdoba, la líder que llevaba una década luchando por los derechos de desplazados del conflicto armado, era una muerte anunciada. Desde hace varios años venía solicitando protección al Estado y denunciando amenazas a su vida ante la Fiscalía, la Personería, la Procuraduría y la Policía Nacional.
Ana Fabricia, de 52 años, era una líder comprometida que fundó la organización de víctimas del conflicto armado Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz), del barrio La Cruz, en la Comuna 3 de Medellín, a donde llegó desplazada en 2001, huyendo de la embestida paramilitar, después de dejar sus tierras en el Urabá chocoano y enterrar a uno de sus hijos. También participó activamente en la Ruta Pacífica de las Mujeres, el movimiento que trabaja por una salida negociada al conflicto, y en la Mesa Interbarrial de Desconectados.
“Me van a matar y no han hecho nada”, dijo en el pasado encuentro del Comité Metropolitano de Derechos Humanos en Medellín, que se realizó en abril. Por esos días, Ana Fabricia “se paró y en el micrófono dijo que le pedía al Estado colombiano que no la dejaran matar”, recordó Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Sin embargo, sus súplicas no fueron escuchadas y el martes esas amenazas se cumplieron. Mientras se transportaba en un bus de servicio público a las 10:30 de la mañana, en el nororiente de Medellín, un sicario le propinó un disparo mortal en la cabeza.
Ana Fabricia fue asesinada justo un año después de su hijo Jhonatan Arley Ospina, de 17 años de edad. “Mi hermano salió a hacer ejercicio al parque del barrio el 7 junio de 2010, ahí lo detuvo la policía y se lo llevó para el CAI. Al otro día apareció muerto en un morro de la Comuna 3. Mi mamá murió por exigir justicia por mi hermanito, porque ella denunció que la Policía lo había matado”, dijo en la velación del cuerpo Diana Ospina Córdoba, una de sus hijas.
En repetidas ocasiones Ana Fabricia denunció que estaba siendo hostigada por miembros de la Policía y por integrantes de bandas de su barrio que, según ella, trabajan en connivencia. “Le hicieron una llamada que decía: ‘si no dejás esa vuelta así, te matamos a vos y a tu familia’. Ella nos decía que tenía miedo y que si algo le pasaba era el agente Carmelo, ese era el enemigo de ella”, relata su hijo.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Yesid Vásquez, aseguró que ella señalaba nombres que no corresponden a ningún policía de la institución. “Ella involucra a un oficial de nombre Carmelo y a un patrullero de apellido Osorio, pero en la policía no existen, ni han trabajado aquí en Medellín.
Asimismo, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó que en varias ocasiones las autoridades intentaron comunicarse con ella para prestarle seguridad, pero no obtuvieron respuesta. A la vez, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que en dos cartas, del 11 de diciembre de 2010 y del pasado 19 de mayo, Ana Fabricia Córdoba renunció al esquema de seguridad que en varias ocasiones se le intentó brindar y se resistió a que se le practicara el estudio de seguridad. “Yo lamento mucho que esto ocurriera, este es un episodio muy doloroso. Pero también quiero enviar un mensaje porque las personas que están en situación de riesgo para merecer y recibir protección deben someterse a un estudio que adelanta la Policía Nacional”, señaló Vargas.
Para Luis Fernando Quijano, director de Corpades, las razones de Ana Fabricia para rechazar el estudio de seguridad eran claras: “Ella estaba denunciando a la Policía por el asesinato de su hijo, entonces ¿cómo pretenden que ellos mismos iban a hacer ese estudio de riesgo? Ese estudio lo debió hacer un organismo imparcial”.
Lo cierto es que Ana Fabricia, quien pasó sus últimos días escondida, peleó hasta última hora por la situación de desprotección de los líderes de desplazados como ella y estuvo la semana pasada en una reunión convocada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior para explorar la posibilidad de construir en Medellín el Comité Metropolitano de Derechos Humanos y evaluar la seguridad de los líderes que participan en los procesos de reclamación de tierras en el departamento de Antioquia.
Quizás por eso el vicepresidente Angelino Garzón afirmó ayer que el crimen de Ana Fabricia “pudo haberse evitado” y cuestionó que la gente amenazada esté siendo abandonada. “Cuando hay una denuncia perentoria, hay que actuar”, aseveró Garzón.
El asesinato de Ana Fabricia Córdoba, condenado y reprochado por las autoridades, amigos, familiares y organizaciones de derechos humanos, alarmó al Gobierno sobre el reto que tiene que afrontar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo éxito, sin duda, radica en las medidas de protección que tengan los desplazados y reclamantes de tierras.