La juez de 60 de garantías cobijó con medida de aseguramiento en su domicilio a Jairo Coral Romo, quien se desempeñó como asesor de la Dirección Nacional de Estupefacientes; Adolfo Figueroa, padre del exdirector de la entidad Omar Figueroa, y al particular Luis Agreda, dentro del proceso que se les adelanta por el escándalo en la entrega irregular de bienes incautados al narcotráfico.
Según la juez, pese a que estas personas incurrieron en delitos contra el patrimonio y la administración pública “causando un impacto negativo en la sociedad frente al trabajo de los organismos del Estado”, no podrán ejercer una obstrucción a la justicia pues se han hecho presentes en las diligencia a las que han sido citados, y no tienen antecedente penales no disciplinarios.
Precisó además la juez en sus conclusiones que tanto Coral, como Figueroa y Agreda solicitaron una comisión superior a los 1.200 millones de pesos a una particular con el fin de entregarle los contratos de arrendamiento de unas fincas en el departamento del Meta por cuatro años, a cambio, además, de que también le entregará parte de las ganancias producto de las actividades que desarrollara en esos predios.
Ante estos hechos, las tres personas fueron aseguradas por el delito de concusión, sin embargo, la juez fue enfática en señalar que la Fiscalía no había podido demostrar durante la imputación de cargos que el exfuncionario y los dos particulares hicieron parte “de una red criminal” para la entrega irregular de bienes.
Igualmente la funcionaria judicial consideró además que tampoco se pudo demostrar el delito de falsedad en documento público y privado dentro de los papeles presentados ante las autoridades encargadas para la entrega de los bienes que administraba la Dirección Nacional de Estupefacientes.
“Sus actitudes son demostrativas de irrespeto, con ellas se muestra el desprecio con el que obraron, máxime cuando la DNE fue creada para coordinar el desarrollo de la prevención de estupefacientes, se necesitaba con urgencia la protección de los bienes que se vulneraron”, precisó la juez en su conclusión.
La decisión de la juez fue apelada por la Fiscalía y la Procuraduría quienes solicitaron que a las tres personas se le envíe a un centro penitenciario, al considerar que son un peligro para la sociedad.
Por estos hechos ya fue asegurado el exdirector de la entidad Omar Figueroa por los delitos de concusión, peculado por apropiación, fraude procesal, prevaricato por acción, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Igualmente fueron asegurados con detención domiciliaria Liliana María Garavito y Oscar Castilla Alarcón, quienes deberán responder por los delitos de cohecho y peculado por apropiación y prevaricato por omisión y falsedad en documento público, respectivamente.
En la misma diligencia judicial se les otorgó la libertad a Manuel Francisco Ospina y Javier Mantilla Sandoval, al considerar que no había pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de estas personas en las irregularidades en el recibimiento irregular de bienes de la DNE para su administración.
De todos, los dos únicos que aceptaron cargos fueron Óscar Castilla Alarcón y Luis Fernando Rojas, por lo que no irían a juicio.