Un líder de los campesinos desplazados, que había sido amenazado por paramilitares y que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinado en Colombia, un hecho que el gobierno condenó este viernes.
El dirigente Oscar Maussa fue asesinado por desconocidos el 24 de noviembre en la región bananera de Urabá (Antioquia), denunciaron la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que lo asesoraban en los reclamos de restitución de tierras.
El vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, condenaron el crimen y llamaron a sancionar a los responsables, según un comunicado oficial.
"El vicepresidente y el ministro de Agricultura se solidarizan con la familia del líder asesinado y solicitan a las autoridades militares y de policía, así como a los jueces, perseguir y sancionar a los criminales", asentaron en el texto.
Según la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Maussa había sido amenazado de muerte desde 2007 por paramilitares, a los que se acusa de haber provocado el desplazamiento forzado de numerosas familias de la región entre 1996 y 1998.
Por las amenazas contra Maussa cursa un proceso judicial. Asimismo, contaba con medidas cautelares de la CIDH desde 2006.
El crimen de Maussa sigue al de Hernando Pérez, otro líder de desplazados que fue asesinado el 20 de septiembre, poco después de participar en un acto gubernamental de restitución de tierras también en Urabá. Además, en octubre, Hernando León Enamorado, también dirigente campesino de la zona, sufrió un ataque a balas que lo dejó gravemente herido.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido a devolver a los campesinos despojados por lo menos 500.000 hectáreas cada año, hasta 2014 cuando termina su mandato. Para tal efecto, el gobierno tramita en el Congreso un proyecto de ley.
Se calcula que más de tres millones de personas han sido desplazadas en Colombia a causa del conflicto interno en el que desde hace casi cinco décadas han participado guerrillas izquierdistas, grupos paramilitares de ultraderecha, así como organizaciones de narcotraficantes.