El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dijo que el asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar, sí constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH.
El alto funcionario indicó que esta misma tipificación debe ser atribuida al asesinato del agente de Policía, Javier García Gutiérrez, y las lesiones causadas a los otros dos uniformados, que tenían asignada la vigilancia de la residencia del mandatario regional.
Añadió que los integrantes de las Farc que protagonizaron esta tragedia deben ser juzgados como criminales de guerra, tal y como lo advierte el Segundo Título de los delitos contra personas protegidas por esta carta.
Añadió que los responsables deben pagar una condena de entre 30 y 40 años de prisión, como lo dispone lo señalado en el Artículo 135 del DIH, que incluye una agravación para el homicidio en persona protegida, como lo era el gobernador Cuellar.
Manifestó que la actuación también es violatoria del Artículo 148 del Código Penal, que contempla el delito de toma de rehenes, sancionable con una pena de entre 20 y 30 años de cárcel.
De esta manera, el procurador coincidió con la postura del fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, quien advirtió que el caso sería de competencia de la Corte Penal Internacional si los organismos judiciales del país no garantizan la transparencia y diligencia requerida, en esta materia.