Pagos de dinero a servidores públicos que trabajan despachos judiciales, alcaldías y cárceles municipales, o instituciones como Medicina Legal, son algunas entidades que una organización ilegal habría utilizado para que personas investigadas obtuvieran beneficios como traslado de cárceles, recuperación de la libertad e incumplimientos de la justicia. Esas fueron las irregularidades que encontró la Fiscalía y que llevó a pedir, ante un juez de garantías, 24 órdenes de captura. 14 de ellas ya se hicieron efectivas.
En la investigación, que este martes concluyó en su primera fase, el ente investigador manifestó que esta organización contactaba personas detenidas en cárceles de mediana y máxima seguridad de todo el país para ofrecer servicios ilícitos. La modalidad, asegura la Fiscalía, consistía en la presentación de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos con información falsa, certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias ilícitas.
La Fiscalía expresó que las tutelas que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas por el juzgado 25 penal municipal de control de garantías de esa ciudad. “Allí, bajo el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados, a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi”, precisó la Fiscalía.
Estas personas, presuntamente, eran detenidos que pagaban penas o medidas de aseguramiento por delitos como concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio agravado, lavado de activos, entre otros delitos. Y los beneficiaros, explica la Fiscalía, eran exintegrantes de carteles de narcotráfico, estructuras ilegales o personas que no estaban involucradas en organizaciones ilegales, pero que tenían poder adquisitivo. Las 24 personas serán investigadas por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción u omisión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, fuga de presos y cohecho. (Le podría interesar: Envían a prisión a dos funcionarios de Medicina Legal por emitir dictámenes médicos falsos)
Entre las capturados, dice el ente investigador, se encuentran personas que interpusieron tutelas, testigos falsos, abogados litigantes, servidores públicos de alcaldías municipales, personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico. Este miércoles, ante un juez de garantías, la Fiscalía legalizará las capturas e imputará cargos a los presuntos responsables.
César Alpidio Blandón Jaramillo, juez 25 penal municipal de garantías de la época, y Andrés Felipe Moncayo Jiménez, medico de Medicina Legal, ya aceptaron su responsabilidad, en su momento, por estos hechos. “Las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases cuyas conclusiones se conocerán en el curso de las próximas semanas”, asegura el ente investigativo.