El exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, uno de los llamados ventiladores del carrusel de la contratación en Bogotá, está a la espera de que un juez avale el principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía a cambio de que siga entregando más detalles de los protagonistas del cartel que desfalcó a la capital del país en tiempos del gobierno de Samuel Moreno Rojas. El próximo miércoles se llevará a cabo esta audiencia y, de ser avalada, cesaría la acción penal en contra del cuestionado exfuncionario por el delito de concusión. Vale recordar que Meléndez, además, ya fue condenado por la justicia a 90 meses de prisión cuando aceptó su responsabilidad como una de las piedras angulares del carrusel en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
El escándalo estalló a mediados de 2010 cuando se conoció una grabación en la cual el contratista Miguel Nule daba cuenta de cómo el entonces alcalde Samuel Moreno (hoy en prisión por cuatro delitos) y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, junto con una cadena de intermediarios y contratistas, eran la cabeza del cartel de la contratación de Bogotá. Pronto se descubrieron licitaciones amañadas en el IDU y fueron detenidos su directora Liliana Pardo, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrrusi, el excongresista Germán Olano, los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, Inocencio Meléndez y otros funcionarios más. Meléndez señaló ante la Fiscalía que Samuel Moreno era “el verdadero director de la orquesta” del carrusel. El prestigioso abogado Álvaro Dávila también resultó salpicado y está ad portas de una imputación de cargos este mes.
Para el próximo 24 de enero el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, José Ricardo González, deberá asistir a dos audiencias cruciales para desentrañar las verdades del cartel. En la mañana comenzará el juicio en contra de Samuel Moreno, quien ha reivindicado su inocencia. En la tarde un juez definirá si acepta el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía el contratista Julio Gómez, hoy en libertad, pero con una imputación de cargos por tres delitos y la obligación de devolver $297 millones que, en criterio de la justicia, fue el dinero que se apropió ilícitamente. No obstante, se sabe que empresas suyas recibieron contratos por casi $300 mil millones durante la administración de Moreno Rojas.
Al mismo tiempo este diario conoció de fuentes allegadas al proceso que están descongelándose los acuerdos entre los primos Nule y la Fiscalía para que se les otorgue también el principio de oportunidad y cese la acción penal en su contra por cuatro delitos. Todo esto a cambio de que se conviertan en los testigos estelares de la Fiscalía en contra de los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila, el alcalde Samuel Moreno, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, el excontralor Miguel Ángel Moralesrrusi y, por supuesto, el nuevo frente de investigación de la justicia en torno a los concejales de Bogotá que habrían hecho parte del cartel.