El escándalo que destapó El Espectador el pasado 10 de marzo de este año, al publicar el artículo “Licencias a corto vuelo”, en el que se denunciaba la entrega irregular de más de 150 licencias a pilotos, ya llegó hasta los estrados judiciales. Tres de los cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Aeronáutica Civil implicados en el caso aceptaron cargos por los delitos de falsedad en documento público y privado, fraude procesal, concierto para delinquir y cohecho propio. El único que negó su participación, y a quien además se le imputó el delito de cohecho, fue Alfonso Jorge Cervera Mendoza, exasesor e inspector de chequeos de vuelo, considerado el cerebro de la operación.
Tras una audiencia de más de 12 horas, el juez 38 de garantías cobijó con medida de aseguramiento a todos los implicados. Mientras a Jorge Ramón Luna Mejía, inspector asignado a la escuela de aviación Protécnica de Barranquilla, y Luis Alfredo Camacho Zárate, auxiliar de archivo de licencias, se les dio el beneficio de prisión domiciliaria, Alirio Chacón Echeverry, exinspector de seguridad aérea de la Aeronáutica Civil, y Cervera Mendoza fueron remitidos a la cárcel La Picota, por considerarse que podían obstruir el proceso y no comparecer ante la justicia.
El lío que comenzó una vez reveladas las irregularidades en los procesos de convalidación de licencias de pilotos comerciales que venían del exterior, terminó con la suspensión de un centenar de permisos que, al parecer, fueron obtenidos tras pagar una suma de dinero a los funcionarios de la Aerocivil implicados en el caso. Según indicó la Fiscalía, en la maraña de pagos y giros para realizar el chequeo de horas de vuelo y el examen técnico terminaron involucrados, consciente o inconscientemente, aviadores que llevaban más de 40 años de servicio, extranjeros y jóvenes.
En esta primera imputación de cargos, la Fiscalía presentó 11 casos de pilotos que aceptaron haber pagado una suma entre los $4’000.000 y los $17’000.000 para obtener sus licencias. Al parecer, estas 11 personas habrían llegado a un acuerdo con el ente investigador para servir de testigos contra los implicados, que según ellos estaban bajo el mando de Cervera Mendoza, ya que la mayoría de consignaciones terminó en la cuenta bancaria de su esposa, Nubia Prada Rivero. La mayor parte de estos negocios se llevó a cabo con aviadores que venían de Barranquilla, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cali y Villavicencio. Entre ellos se encuentra Alejandro Saavedra, que denunció desde un principio las irregularidades que se gestaron en el interior de la entidad.
Una de las pruebas claves que tiene la Fiscalía en contra de los cuatro acusados es una llamada entre Cervera Mendoza y uno de los pilotos: “Mijo, yo estoy muy apenado con ustedes. Yo lo que quise fue colaborarles, agilizarles todo los procesos, aquí no hay ninguna falsedad. Ustedes no compraron la licencia en la esquina, ni se las vendió ningún tramitador (…). Entonces la Aerocivil ahora está asustada por la serie de demandas que se pueden venir, porque es que nosotros contestamos a la aerolínea que sí los podía contratar. Ya se está solucionando todo. Le comentas eso a tú papá”.
Para la Fiscalía, el modus operandi era básicamente el mismo en todos los casos: creaban una nueva bitácora con anotaciones y sellos falsos que señalaban las horas de vuelo que ya había hecho el piloto. La firma de abogados MPA Derecho Penal Corporativo, que defiende los intereses de 17 pilotos que intentaron ser reconocidos como víctimas, pero que por decisión de la Fiscalía no fueron incluidos, realizó un estudio grafológico de estas bitácoras, y estableció que se habrían utilizado firmas y documentos falsos para validar horas de vuelo. Además se constató que los supuestos aviones en que se hicieron las pruebas estaban averiados o siniestrados.
Asimismo, para realizar el examen técnico enviaban a los aviadores a la escuela Protécnica en Barranquilla —de la que además Cervera era exalumno—, donde los recibía Chacón, quien les aprobaba el examen sin mayores complicaciones. Una clara violación de la ley, de acuerdo con la Fiscalía, porque la Aerocivil tiene que designar a un inspector especial en cada caso. Para el ente investigador y la firma MPA, muchos pilotos creían que estaban haciendo todo dentro de la ley y no sabían lo que estaban pagando, ya que entre ellos había personas con más de 40.000 horas de vuelo que no tenían que pasar ningún chequeo.
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