Según lo dado a conocer este martes, durante el año anterior fueron asesinados 44 defensores, 39 de los cuales eran sindicalistas pertenecientes al programa de protección del Ministerio del Interior.
El informe también destaca que la tortura en zonas históricamente controladas por los grupos paramilitares, continúan cometiéndose crímenes de lesa humanidad.
Además, que es la misma política de ‘Seguridad Democrática’ la que ha propiciado el aumento de las violaciones de los derechos humanos, ya que en muchas oportunidades son los agentes del Estado quienes agraden a la población civil.
El llamado que hizo la Organización Mundial contra la Tortura es para que se investiguen y sancionen a los responsables de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Finalmente, piden que sena negados los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a los paramilitares desmovilizados que aún siguen practicando torturas.