El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que no se puede permitir que los autores de crímenes transicionales, guerra, lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática puedan participar y presentar sus nombres para ocupar cargos de elección popular y funciones públicas.
En este sentido consideró que de avalarse el artículo tercero del acto legislativo 01 de 2012 se le estaría dando un mensaje de impunidad a las víctimas del conflicto armado, quienes verían a sus victimarios ocupar cargos públicos en los que estarían revestidos para crear leyes a su propio beneficio e imponer así su verdad.
“Me pregunto: ¿no se revictimiza a la víctima cuando ve que su victimario ocupa un cargo de poder y diseña políticas públicas?”, precisó el jefe del Ministerio Público considerando que esto estaría creando un caldo de cultivo para crear nuevos victimarios quienes ya no creerían en la justicia y la aplicación de castigos para los autores contra crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“Se les estaría diciendo que el crimen si paga”, señaló Ordóñez Maldonado al considerar que la misma Corte Constitucional ha establecido que se deben respetar los derechos de las víctimas y garantizarles la no repetición de estos actos. “De declararse inexequible este artículo no se estaría creando un obstáculo para la paz sino quitándole a los victimarios el manto de impunidad”.
El jefe del órgano de control disciplinario recordó que los tratados y protocolos internacionales firmados por Colombia establecen que las personas que incurran en este tipo de crímenes deben recibir una sanción penal “no pueden recibir una amnistía ya que se estaría presentando una problemática a la reconciliación nacional (…) Seria éticamente lamentable que los autores participen en política”.
“No se pueden considerar espacios a sus autores para que dirijan los órganos políticos de la Nación (…) La Corte debe entender la negociación que clama la paz, los victimarios el punto final para no seguir matando”, precisó ante la Sala Plena del alto tribunal el jefe del Ministerio Público.
En este punto hizo una comparación sobre la ley de Justicia y Paz (975 de 2005) que estableció limites para la participación en política de los paramilitares desmovilizados. “El Estado tiene y siempre ha tenido la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Estos tratados, citados por el Procurador General, ponen límites a la participación de los guerrilleros que hayan incurrido en los delitos anteriormente citados ya que establecen la prioridad para proteger los derechos de las víctimas y la dignidad de la persona.
“Sanciones penales para delitos severos y no la imposición de trabajo social, como lo manifestó el fiscal, eso es para los estudiantes de colegio”, explicó el Procurador General al considerar que no se puede premiar a los victimarios con la creación de políticas públicas de reparación a su antojo, imponerles su verdad a las víctimas y no crear una acción restaurativa.
“La justicia transicional hace referencia a la guerra y a la paz no a la mera ausencia del conflicto. Investigación, justicia y sanción dependiendo de la gravedad de los delitos y acciones”, señaló en su intervención de 15 minutos ante la Corte Constitucional.