El proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz Linares, a quien le imputan ser el presunto violador de dos mujeres adolescentes en Tame (Arauca) y de asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, ha sido traumático desde el comienzo. A las renuncias de sus abogados y el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona (quien juzgaría al uniformado) se suman ahora las amenazas en contra de la familia de las víctimas, lo que ha estancado el proceso.
A José Álvaro Torres, padre de los tres niños asesinados en Tame (Arauca) en octubre del año pasado, el Estado tuvo que sacarlo de Saravena (Arauca) para garantizar su vida y la de su familia. El Ministerio del Interior y de Justicia lo incluyó en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Gobierno, luego de que la ONG Humanidad Vigente, que lo representa en el proceso en calidad de víctima, denunció públicamente las intimidaciones contra él, sus hijos y sus nietos.
El episodio que generó el destierro de Torres ocurrió el pasado miércoles, cuando a través de una llamada al teléfono celular de su hija un sujeto le envió un mensaje aterrador: que debían irse de Saravena en menos de 24 horas y que de no atender la advertencia se sometía a correr el riesgo de que le asesinaran a sus otros dos hijos. El sujeto que intimidó a esta familia agregó, además, que cumplir con su amenaza sería fácil, ya que sabían el lugar en donde vivían.
Ante los últimos episodios y el peligro evidente, el Gobierno coordinó ayer el traslado de Torres y su familia inicialmente a Bogotá, para luego definir su reubicación en otra ciudad del país, la cual se mantendrá en reserva para garantizar su seguridad. Torres aseveró ayer que no le importaba ser trasladado a cualquier parte, con tal de cuidar su vida y la de sus seres queridos. Agregó que no duda de que estas amenazas están relacionadas con el asesinato de la jueza Gaona, quien iba a juzgar al subteniente Muñoz Linares por el asesinato de sus otros tres hijos.
Según la ONG Humanidad Vigente, las amenazas no fueron sólo contra el padre de las víctimas. También recayeron sobre los abogados que lo están representando en medio del proceso judicial. Olga Silva, abogada titular de Torres, y Luis Alfonso Ruiz, director de la ONG, denunciaron las intimidaciones ante la Fiscalía. Además indicaron que las llamadas a los abogados, incluso, han sido a los teléfonos fijos de sus casas.
Todo esto se conoce justo cuando la Rama Judicial está de luto por el asesinato de la jueza, por lo cual los funcionarios de juzgados se declararon ayer en cese de actividades para rechazar la violencia en contra de los jueces y cualquier empleado de la justicia. En medio del enrarecido ambiente que rodea el proceso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, celebró que la Corte Suprema de Justicia hubiera ordenado “examinar con lupa los procesos que venía conociendo la jueza Gaona”, como una de las medidas iniciales. Ayer se conoció que el juzgado que dirigía la jueza lo trasladarán a partir del próximo 30 de marzo a Arauca y no seguirá en Saravena, donde despachaba inicialmente.
Aunque el asesinato y las amenazas parecen tener relación con el proceso penal que existe en contra del subteniente Raúl Muñoz Linares, las autoridades aún no tienen alguna evidencia directa que incrimine al oficial, razón por la cual investigan si la muerte de la juez tiene vínculos con alguno de los otros procesos que adelantaba.
Al subteniente Muñoz Linares lo juzgarán por dos casos concretos. El primero tuvo lugar el 2 de octubre de 2010, en una finca de la vereda Caño Camame, de Tame (Arauca). La víctima fue una joven de 13 años. En la denuncia, la niña relató que el militar ingresó a su vivienda y luego de percatarse de que en la casa no se encontraban los padres, se la llevó a la fuerza hasta una zona alejada de la finca donde la violó.
El segundo fue el 14 de octubre, en la finca Las Palmas, vereda Flor Amarillo, de Tame (Arauca). Ese día José Álvaro Torres salió a trabajar a una finca cercana y dejó solos a tres de sus hijos. Cuando regresó, la casa estaba vacía. Con la ayuda de vecinos encontró la fosa en la que estaban los cadáveres de sus hijos Jimmy Ferney Torres Jaimes, de 9 años; Jeferson, de 6 años, y Jenny, de 14. Todos presentaban heridas de machete. La niña tenía signos de haber sido violada. Las pruebas de ADN apuntaron al oficial, quien al ser indagado reconoció haber tenido relaciones sexuales con las niñas, porque eran sus “novias”, pero que fue con su consentimiento.
Al año amenazan a 180 jueces
El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona es el reflejo de los problemas de seguridad que sufren los empleados de la Rama Judicial. Por ejemplo, en promedio amenazan cada año en Colombia a 180 jueces por motivo de su función. Así lo confirmó el magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien agregó que el ‘Plan Padrino’ que implementó la Policía para los jueces es insuficiente, debido a las constantes amenazas y el riesgo que viven los funcionarios judiciales . A esta cifra de amenazas se suma que en los últimos tres años han asesinado a cinco jueces en el país. Por su parte, Asonal Judicial complementó las estadísticas al indicar que en los últimos tres años han asesinado a 13 funcionarios de la administración de justicia.