El Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., Bancóldex, expidió una certificación a través de la cual ratifica que suscribió una orden de servicios con la dirigente, que oficiaba como representante legal de la firma, Ramírez y Orozco Internacional Strategy Consultants Ltda., para la realización de un evento cuyo costo ascendía a los 10 millones de pesos.
De la misma manera, el documento relaciona las actividades a desarrollarse a través de este convenio, que tenía por objeto generar una "participación publicitaria con exposición de pendones en el evento sobre TLC", que se desarrolló el 30 de septiembre de 2005.
Así lo indica la orden de servicios 4492, expedida por Bancóldex y cuya aceptación es firmada por la ex senadora, sobre el sello de la firma Ramírez y Orozco, con Número de Identificación Tributaria 800.223.091-1 que, según registros de Cámara de Comercio de la época, era representada legalmente por la ex ministra de Defensa.
Así mismo, se adjunta una carta firma por Martha Lucía Ramírez el mismo 30 de septiembre, en la que se da cuenta detallada acerca del tipo de publicidad de la que pretendía hacer uso la firma durante el desarrollo de ese evento, a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC.
Según reza el mismo documento, el esquema de patrocinio al que allí se alude tenía por objeto generar una alianza estratégica para mejorar la competitividad de la pequeñas y medianas empresas, Pymez, a través de la difusión de la información referente a cada una de las señaladas representantes de ese mercado.
Frente a estas acusaciones, la hoy precandidata presidencial fue enfática en señalar que se trata de falsos testimonios, al tiempo que advirtió que le parece sospechoso que en el seno del Consejo de Estado, encargado de definir la ratificación o no de su investidura, se estuviera filtrando la orientación que tendría el fallo de la demanda que pesa en su contra.
Esta y otras pruebas que pretenden demostrar que la ex legisladora sí incurrió en una inhabilidad deberán ser controvertidas en los respectivos alegatos por parte de la líder política y su defensa material en la que ha desestimado la veracidad del supuesto contrato que, dicho sea de paso, también fue el argumento que tuvo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular su elección, en las parlamentarias de 2006.