Ante la Cámara de Representantes será radicada una solicitud para que se investigue de manera formal al expresidente de la República, Belisario Betancur por su acción y omisión dentro de la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Para los familiares de los desaparecidos el exmandatario debe responder por estas irregularidades, exceso de fuerza y vacío de poder.
La nueva solicitud tendrá como base las recientes manifestaciones de perdón hechas por el expresidente en Medellín, quien en un evento privado pidió perdón por lo ocurrido hace 30 años. Para los abogados de la parte civil este hecho constituye un acto criminal por lo que las autoridades judiciales, y en este caso su juez natural, deben proceder a investigar lo que considerar una responsabilidad directa.
Por años, el exmandatario ha guardado silencio sobre los cuestionamientos presentados ante un golpe de Estado por parte de los militares y el silencio ante las peticiones hechas por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía de cesar el fuego para adelantar una negociación con el M-19.
“Debe venir prontamente ante la justicia a aclarar cuál es el alcance de los errores que ha reconocido, porque nosotros señalamos que aquí no hubo errores sino desapariciones, torturas y ejecuciones que son crímenes contra la humanidad”, precisó el abogado Jorge Molano quien defiende a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
El jurista aclaró que es necesario que el exmandatario debe individualizar y detallar cada uno de los errores que ha reconocido públicamente y que “la justicia pueda aclarar el vínculo de los errores reconocidos y los crímenes ejecutados. Hasta el momento el expresidente solamente ha hecho una manifestación eufemística de reconocer errores”.
Los abogados de la parte civil calificaron estas despulpas como un perdón cojo que en lo despectivo de la verdad y la justicia ha sido insuficiente. “Debe aclarar por qué razón, si era un hecho público que la guerrilla se iba a ocupar el Palacio de Justicia, permitió que se hiciera, tendrá que aclarar porque si era el comandante de las Fuerzas Militares permitiera que se separa a toda la seguridad, porque el 7 de noviembre visitó el Cantón Norte donde eran trasladadas personas para ser torturadas”.
La Fiscalía General citó a los ministros Jaime Castro, Noemí Sanín y Enrique Parejo para escuchar sus testimonios frente a un vacío de poder que se habría presentado, así como decisiones que fueron en contravía del interés para salvaguardar a los rehenes y los magistrados y funcionarios judiciales que pedían la presencia de Betancur.
Este viernes se conmemoran 30 años de la toma del Palacio de Justicia. Ahora son más las dudas que las respuestas sobre los hechos que se presentaron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares.