Ningún derecho tenían adquiridos los candidatos presentados por el Gobierno Nacional para asumir la jefatura de la Fiscalía General de la Nación, según lo sostuvo el Consejo de Estado.
De esta manera el presidente de la colegiatura, Luis Fernando Álvarez, objetó la viabilidad legal en torno a la posibilidad de que alguna demanda relacionada con la salida de los ternados prospere en los estrados judiciales.
Indicó que ninguno de ellos puede alegar la vulneración de garantía alguna, por cuanto se trata de una lista que es conformada bajo la discrecionalidad del Ejecutivo, que es el único facultado constitucionalmente para nombrar a los aspirantes.
Precisamente fue éste uno de los principios argumentales del concepto emitido por el Consejo de Estado en torno a la consulta elevada por el Gobierno de Juan Manuel Santos respecto a la viabilidad legal de reconstituir la terna, que había sido nombrada por la administración Uribe.
Tras el visto bueno de la Corporación, el Presidente Santos relevó del grupo a los antiguos candidatos, Margarita Cabello, Jorge Aníbal Gómez Gallego y Marco Antonio Velilla, y en su lugar nombró a los juristas Juan Carlos Esguerra, Viviane Morales y Carlos Gustavo Arrieta.
Se trata de la tercera terna presentada por el Ejecutivo ante la Sala Plena de la Corte, que declaró la inviabilidad de la primera lista, que integraban Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina; una vez el Gobierno Uribe recompuso las candidaturas, la Corporación sometió a votación los nombres de los recientemente reemplazados ternados durante 25 ocasiones, sin que ninguno de ellos obtuviera la mayoría calificada de 16 votos para ser seleccionado.