En las últimas horas fue capturado por agentes del CTI Jairo Yovanni Caicedo Rojas, auxiliar judicial que haría parte de la Secretaría General de la Corte Constitucional, por pedir millonarias sumas de dinero a cambio de tramitar tutelas en el alto tribunal. De acuerdo con las investigaciones, Caicedo concertó entregas entre $500 y $2.000 millones para interceder en el curso de las acciones judiciales. Entre las pruebas recaudadas por la Fiscalía se encuentran evidencia física y fotografías en las que se evidencia el pago del soborno al funcionario del alto tribunal.
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Uno de los casos en los que habría influido el funcionario judicial es en el de Miguel Ángel Mejía Múnera alias El Mellizo, quien presentó una tutela relacionada con su proceso ante Justicia y Paz en febrero de 2016. Jairo Yovanni Caicedo Rojas contactó al abogado defensor del accionante y habría pedido entre $50 y $100 millones para garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. El monto aumentó a $2.000 millones con el ofrecimiento de un fallo que favoreciera a alias el Mellizo”, aseguró el ente acusador. Caicedo alcanzó a recibir un adelanto de $800.000 pesos.
El otro caso tiene que ver con una tutela presentada por Adriana Patricia Páez Ortega, esposa de un narcotraficante del sur oriente del país vinculado a la organización de Carlos Ledher. Caicedo intervendría para que la tutela fuera decidida a favor de la mujer, con lo que podría recuperar uno de los bienes de su esposo que había entrado a extinción de dominio. “Las evidencias recopiladas indicarían que, por este caso, el auxiliar judicial de la Corte Constitucional hablaba de $50 y $70 millones para que la acción fuera revisada; y solicitó $700 millones más por un fallo favorable”, aseguró el ente investigador. Para este caso, Caicedo recibió un adelanto de $5’000.000.
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El funcionario será investigado por el delito de cohecho propio y en las próximas horas será puesto ante un juez con función de garantías para que se defina su situación jurídica. Caicedo era funcionario del alto tribunal desde 1995 y, según explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, hasta el momento no se ha encontrado una conexión con los magistrados de este alto tribunal.