Una red ilegal que, al parecer, habría tramitado exámenes médicos con información falsa para que se concedieran pensiones por invalidez o por disminución de la capacidad física en favor de militares activos o en retiro que no cumplían con los requisitos de ley para acceder a estos beneficios, fue descubierta por la Fiscalía.
Según el ente investigador, las pruebas señalan que dicha tramitación fraudulenta se habría realizado durante cinco años en los que, supuestamente, se otorgaron mesadas con sobrecostos que generaron una defraudación superior a los $ 3.100 millones. Por tanto, cinco personas que habrían participado de estos hechos fueron capturadas.
La Fiscalía informó que, según su nivel de participación, les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.
Los cargos no fueron aceptados por las personas capturadas. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó que tres de ellos permanecerán detenidos en centros carcelarios de forma preventiva mientras avanza la investigación. Las otras dos personas quedarán vinculadas a la investigación.
Quienes fueron trasladados a la cárcel son Claudia Patricia González Cardona, funcionaria del Ministerio de Defensa en el área de asuntos legales; y los hermanos Carlos y Guillermo Carrasquilla, este último, capitán en retiro del Ejército Nacional.
Según la Fiscalía, hay pruebas que involucran a los supuestos integrantes de esta red en, por lo menos, 17 eventos. “Hay indicios de que habrían incidido para que en los exámenes médicos se certificara pérdida de capacidad física superior del 50%, a personas que estaban en óptimas condiciones de servicio”, indicó el ente investigador.
Agregó que con esos documentos falsos, las juntas médicas ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional fueron inducidas a error y reconocieron pensiones e indemnizaciones a quienes no cumplían los requisitos. De hecho, señaló la Fiscalía que entre los beneficiados hay militares activos y en retiro de 26, 30 y 35 años, que estarían habilitados física y psicológicamente para ejercer sus labores.