Un juez de familia, un secretario de despacho, dos funcionarios del centro de servicios judiciales y un particular fueron capturados por orden de la Fiscalía y se encuentran siendo investigados por presuntamente alterar procesos de sucesión testamentaria en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
El caso llegó al radar del ente investigador en agosto de 2017, cuando una notaria denunció una supuesta adulteración de trámites de sucesiones en los juzgados de Familia de esa ciudad, y alertó sobre la presunta existencia de lo que sería un cartel de funcionarios de la judicatura que hacían exigencias económicas para alterar repartos y luego incidir o cambiar sentencias.
La Fiscalía investiga el caso concreto de los familiares herederos de un hombre que había fallecido, quienes presentaron ante la Notaria 14 de Cali un proceso de sucesión testamentario. Sin embargo, antes de morir, el hombre había nombrado como administradora de sus bienes a una mujer quién presentó por separado una demanda de sucesión ante el Juez Tercero de familia de Cali.
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Al parecer, la mujer que había sido designada por el fallecido como administradora de los bienes habría acudido a la oficina de reparto judicial y logró que dos funcionarios enviaran directamente al juzgado Noveno de familia el caso. Y ese despacho profirió una decisión en la que se ordenaba a la notaría que le enviara el proceso de sucesión que ya venía siendo adelantado en esa entidad.
En respuesta, la familia del fallecido manifestó al juez que no querían adelantar el proceso en el juzgado Noveno sino en la notaria porque ya existía un acuerdo entre las partes y durante el periodo de vacaciones judiciales tramitaron el proceso en la notaria que adelantó la sucesión del testamento y el Juzgado Noveno tuvo que dar por terminado el suyo.
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De igual forma, en el mismo caso se denunció que el secretario de otro despacho habría solicitado entre $400 y $600 millones a los herederos, a cambio de pasar el trámite al juzgado Noveno. Los cinco capturados fueron imputados por los delitos cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, concusión, prevaricato por acción y daño informático.
El ente investigador señaló, además, que por hechos relacionados con corrupción en la administración de justicia la Fiscalía investiga a 201 personas, 170 de ellos funcionarios y 31 exfuncionarios.