Los hechos investigados ocurrieron entre 1993 y 1994 fueron investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Al parece, el funcionario está relacionado con el trámite de un contrato para el transporte de pacientes desde el hospital de San José de Guaviare hacia Bogotá, por cuantía aproximada a 30 millones de pesos.
Dicho trámite tenía que realizarse con un proveedor registrado ante el Ministerio de Salud, proceso que obvio el ex gobernador del Guaviare.
Zapata Betancur fue dejado a disposición de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Villavicencio, ya que, posiblemente, está pendiente la notificación de condena por los delitos cometidos durante la vigencia de la Ley 600 de 2000 , es decir del sistema penal mixto.