La suscripción y ejecución de un millonario contrato entre el Ministerio de Protección Social y una firma particular que asesoró al Gobierno en la redacción de los cuestionados decretos expedidos bajo la figura de la emergencia social —que buscaban conjurar la crisis financiera del sistema de salud—, puso nuevamente en el banquillo de los investigados al ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Por vulnerar los principios de moralidad administrativa, el procurador Alejandro Ordóñez les formuló pliego de cargos al Ministro, a la directora de Financiamiento y al director de Gestión de la Demanda en Salud de la entidad, Luisa Fernanda Bellini Pérez y Leonardo Cubillos Turriago. En 2008 se firmó un millonario contrato con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria para asesorar al Ejecutivo para enfrentar la crisis del sistema de salud que afrontaba el país y que fue reconocida en una sentencia de la Corte Constitucional, que advirtió que la salud es un derecho fundamental y ordenó al Estado poner en marcha los mecanismos necesarios para protegerlo.
La providencia, de 127 páginas conocida por El Espectador, concluyó que estos funcionarios autorizaron la suscripción del cuestionado contrato a sabiendas de que tres representantes que los asesoraban de la firma Gestión Hospitalaria simultáneamente hacían lo propio con EPS interesadas en la suerte de las normas expedidas por el Ministerio para reestructurar la reforma a la salud. Así se estableció que Teresa Margarita Tono, Julio Portocarrero y Augusto Galán Sarmiento, al tiempo que eran consultados por el Gobierno también formaban parte de las juntas directivas de las empresas Salud Colpatria S. A. y la Nueva EPS S. A. Y lo grave es que el Ministro y sus subalternos lo sabían.
Palacio pasó por alto el conflicto de intereses y se probó que fue él quien nominó a Teresa Tono Ramírez para que fuera miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, por lo cual debía saber que ella no podía asesorar a ambas entidades. En el caso de Julio Portocarrero se verificó que aun cuando estaba al servicio de los intereses financieros de Salud Colpatria S. A. acompañó al Ministro en lo relativo al Decreto 131 de 2010 que reguló, entre otros temas, los alcances de la autonomía médica. Por su parte, Galán Sarmiento también asesoró a Palacio en las respuestas que debía rendirle a la justicia según lo ordenado por la Corte Constitucional.
“La moralidad administrativa implicaba que el Ministro velara que las personas que tuvieran injerencia en la ejecución del contrato no tuvieran conflictos de intereses ni ninguna otra situación con la cual se pudiera ver comprometida su objetividad”, sostuvo el procurador Ordóñez. Todo lo contrario ocurrió en este caso, toda vez que los contratistas representaban, y aún lo hacen, EPS que tenían un claro ánimo de lucro y sus recomendaciones al Gobierno podían favorecer la rentabilidad de estas empresas.
Dichos intereses contrapuestos, pese a ser conocidos por Diego Palacio y los otros dos funcionarios, no evitaron que se suscribiera y prorrogara el millonario contrato, con lo cual se probó la negligencia, y en criterio del Procurador se configuró una culpa gravísima. Por ejemplo, Portocarrero reconoció que aunque no participó de la redacción de los decretos proferidos en desarrollo de la emergencia social, sí conoció uno antes de que fuera expedido y fue precisamente en el que asesoró al Gobierno. Es decir, sus recomendaciones “fueron tomadas en cuenta por el Ministerio casi al pie de la letra” y pudieron beneficiar a un particular.
“Sin entrar a analizar la validez técnica de las sugerencias dadas por el contratista”, se concluyó que el incumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional sí podía favorecer a las EPS. Verbigracia la Procuraduría advirtió que “la demora en unificar el Plan Obligatorio de Salud (POS) para la población de niños, de acuerdo con lo ordenado por la Corte, permitió continuar prestando el servicio de salud sin que la totalidad de niños incluidos en el POS subsidiado pudieran acceder a los servicios de los niños beneficiados del POS contributivo, lo que eventualmente implicaría un menor esfuerzo financiero por parte de las EPS”.
Fue el candidato Germán Vargas Lleras, en pleno fragor de la campaña presidencial, quien denunció el entuerto. El ministro Palacio lo acusó de desprestigiar al Gobierno para obtener beneficios electorales y en su momento defendió la celebración de este y otros contratos. El pliego de cargos en su contra, sin embargo, empieza a darle la razón a Vargas Lleras. Y sus líos judiciales, que no son pocos, lo ponen en un escenario difícil a escasos treinta y tantos días de terminar su cargo. La Fiscalía está ad portas de definir, además, si lo acusa o no por el escándalo de la yidispolítica.