El abogado Jaime Lombana, quien defiende los intereses del expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, aseguró que no existen pruebas documentales que demuestren que su cliente se apoderó de dineros de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) mediante maniobras irregulares como los llamados recobros al Fosyga.
Ante el procurador delegado para la función pública, Fernando Brito, el jurista fue claro en manifestar que el proceso penal y disciplinario que se adelanta en la actualidad por las presuntas irregularidades en Saludcoop no tienen base probatoria.
«Todo esto es producto del afán persecutorio de la anteiror adminsitración para justificar el escándalo de la salud. Al igual que pasó con lo de la Dian y terminó solamente una señora en un tema de pesitos», precisó Lombana.
Al inicio de la diligencia judicial, el abogado señaló que desde que se destapó el llamado escándalo por las irregularidades y los recobros en Saludcoop, han sido «víctimas» de una serie de acciones con las que se ha intentado «limitar y constreñir» su trabajo como defensores de los implicados.
«Se ha venido deslegitimando la profesión de abogado. Se ha venido acorralando la figura del defensor y nos ha amenazando incluso con investigaciones fiscales”, precisó el jurista en el marco de la audiencia que se adelanta en la Procuraduría contra 13 extrabajadores y funcionarios de la EPS Saludcoop.
En este sentido, señaló Lombana, incluso se han abierto investigaciones en su contra y otro grupo de abogados por parte de la Contraloría General, con lo cual buscan «limitar su accionar».
La Procuraduría busca establecer las presuntas irregularidades administrativas en cobro irregular de recobros por un valor superior a los 160 mil millones de pesos.
Según Brito se han adelantado pesquisas que apuntan a una «apropiación de recursos totalmente injustificada», hecho por el cual tendrán que responder estos exfuncionarios, puesto que según el material documental recogido hasta la fecha hay irregularidades con el registro del manejo de esos fondos y recobros.
Por estos hechos rinden versión libre Carolina Lamus,vicepresidenta administrativa y como miembro de la Junta Administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop.
Además de los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011, tanto principales como suplentes, entre los que se encuentran Gabriel Franco, Juan Carlos Restrepo Cardona, René Cavanzo Alzugarate, Carlos Julio Mora, William Buitrago González, Alberto Castro Cantillo, Fernando Noguera Arrieta, Ana María Piñeros, Beatriz Giraldo Aristizábal y Gloria Lucía Quiroz Hernández.
Según el Ministerio Público, Saludcoop EPS tiene a su cargo el manejo de recursos del Sistema de Seguridad Social, particularmente en el régimen contributivo, «los cuales, de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Constitucional, son rentas de naturaleza parafiscal que comportan contribuciones obligatorias de naturaleza pública».
Ante esto, las personas ahora investigadas disciplinariamente tenían a su cargo la administración y buen manejo de los recursos públicos de la salud que el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) entregó en administración a esta EPS, motivo por el cual debían velar para que fueran utilizados con los fines sociales para los que estaban destinados.
Para el órgano de control «como todos los acusados intervenían en el manejo de los recursos, de conformidad con el artículo 53 del Código Disciplinario Único les cabe responsabilidad disciplinaria por los hechos irregulares».
De acuerdo con las pruebas recaudadas, estas personas al parecer habrían incurrido en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud en el Plan Obligatorio de Salud y fallos de tutela, utilizando como soporte el pago de cheques girados, los cuales, según la auditoría forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.
Con esto se concluyó que el Fosyga canceló cuentas de cobro que presentó a la EPS bajo el entendido de que los servicios facturados y cobrados ya habían sido cancelados como lo exige la Ley para su devolución. No obstante se evidenció que la EPS no realizó los pagos soportados en los cheques, pero sí realizó los cobros al Fosyga.
«Como prueba del no pago hay constancia de que contra la EPS cursan procesos judiciales de embargo por parte de las IPS cuyas cuentas de cobro aparecen como canceladas por el Fosyga, así como del análisis que hizo la auditoría forense de la contabilidad de la EPS», precisa la decisión de la Procuraduría.
En este sentido se señala Saludcoop realizó entre 2009 y 2010 un giro masivo de cheques con el que justificó el pago de los servicios referidos al Fosyga para obtener la devolución de dichos recursos, sin embargo, los cheques no fueron entregados a sus beneficiarios y fueron anulados al término de su vigencia.