Con los ojos vidriosos abrazaba a su madre, doña Nelly Tobón de López, mientras le daba una y otra vez las gracias por haberlo esperado siempre. Agarraba con fuerza a su vieja, a la mujer de 74 años de edad a quien la violencia le arrebató a su padre, a su esposo y, durante siete años, a su hijo; a la que se le cayeron los párpados de tanto llorar la forzada ausencia del hijo que empezó a criar sola cuando quedó viuda a los 27 años. “Eres un ejemplo de las madres colombianas que ante la adversidad se crecen”, le dijo él. “En ningún momento perdí la fe”, le respondió ella.
El martes, en la casa de Sigifredo López, el anuncio del fiscal general de dejarlo en libertad generó el mismo júbilo de quien se gana la lotería. En rueda de prensa a las 3:00 de la tarde, desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, Eduardo Montealegre anunció que “las pruebas con base en las cuales se decretó la medida de aseguramiento no tuvieron sustento alguno” y, por esa razón, se había ordenado “la libertad inmediata para Sigifredo López”. Según el alto funcionario, aunque cuando se decretó la medida “no había motivos para dudar de la veracidad de los testimonios”, se comprobó luego que sus versiones “no tenían fundamento”.
“Primero debieron investigarme y luego sí capturarme”. Con esa frase, una de las primeras que pronunció ya como hombre libre, López dejó en evidencia los reclamos que guarda por la manera como se ha manejado su expediente. Investigado por los delitos de rebelión, perfidia, homicidio y toma de rehenes, señalado desde el 16 de mayo pasado como el posible responsable del secuestro que las Farc llevaron a cabo en el corazón de Cali el 11 de abril de 2002, López Tobón lleva tres meses sorteando una situación que bordea con lo dantesco. Hoy, él se despierta pensando que hay luz al final del túnel. Aunque resiente que le devolvieron la libertad, mas no la honra.
En un documento de 28 páginas el director seccional de Fiscalías del Valle, Gilberto Guerrero Díaz, admitió que los testigos en contra de Sigifredo López habían perdido toda credibilidad. “Las líneas de comportamiento de los testigos revelan su clara y fehaciente proclividad al tratar de embaucar y enredar la justicia con el pretexto de prestarle colaboración”, señaló el funcionario, a cuyas manos llegó esta ‘papa caliente’ luego de que el fiscal Montealegre retirara del caso al fiscal 38 de la Unidad de Derechos Humanos, Paulo César García. Según Montealegre dijo en su momento, no era un cambio impulsado por irregularidades, sino por la necesidad de que el caso tuviera una nueva mirada.
“El fiscal Montealegre fue totalmente garantista. Si no hubiera sido por él yo estaría condenado”, señaló el exdiputado. No opinó lo mismo, sin embargo, del hombre que abrió la investigación en su contra: “En la Fiscalía 38 hay una olla podrida. Que el fiscal 38 le diga al país por qué actuó de mala fe”. Élmer Montaña, uno de los abogados de López, le aseguró a este diario que el caso del exdiputado camufla una realidad mucho más grave aún: “A Sigifredo quisieron convertirlo en una especie de laboratorio para la farcpolítica porque era un eslabón débil. Lograr una condena en su contra abriría las puertas para perseguir después a personas de mayor calado”.
Fueron tres, principalmente, los testimonios con los que la Fiscalía había ordenado la detención preventiva de Sigifredo López el pasado 20 de junio: dos eran supuestos exguerrilleros de las Farc —María Eugenia Mina, alias La Negra, y Édver Fajardo, alias Camilo— y uno del Eln —Julio César Salazar—. Para demostrar su veracidad como testigos o descartarlos, la Fiscalía practicó 17 pruebas. “Al fiscal Guerrero le tomó dos semanas practicar esas pruebas que había solicitado la defensa y que el fiscal 38 no había querido practicar”, alegó Montaña, defensor del exdiputado.
El trabajo de la defensa de López Tobón fue esencial para que éste recobrara su libertad. Los defensores del exalcalde de Pradera le demostraron a la Fiscalía que La Negra, según un informe del CTI, se había desmovilizado en cinco ocasiones. Que ya antes había puesto su dedo acusador sobre personas inocentes. Que un informe policial indicaba que ella era una drogadicta, con problemas mentales; una mentirosa sistemática. De Fajardo pusieron en evidencia no sólo las lagunas de su relato, sino que nunca tuvo un rango relevante en las Farc, al punto de conocer detalles de los diputados mientras estaba en una cárcel en Popayán. Se conoció además que, como él mismo lo había admitido ante un fiscal, mentía en los procesos a conveniencia de su bolsillo, según las recompensas que le pagaban las autoridades.
Sobre Salazar, la defensa del exdiputado le mostró a la Fiscalía que él nunca había sido guerrillero, había trabajado alguna vez con el DAS y tenía una condena de 37 años por homicidio. Su tesis es que Salazar quería “meterle un gol” al programa de Justicia y Paz —en el que se encuentra postulado— proporcionando información en este expediente, para así ver su sentencia reducida a los ocho años que contempla la justicia transicional. El fiscal Montealegre anunció que se vienen investigaciones por falso testimonio. “Con esta corrección se está dignificando la justicia en Colombia”, concluyó el exdiputado Sigifredo López Tobón desde su casa en Cali, la que desde ayer dejó de ser una cárcel para él.