El excongresista César Pérez García sería el cerebro detrás de la matanza de Segovia (Antioquia), perpetrada el 11 de noviembre de 1988 por los paramilitares al servicio de Fidel Castaño y en la que fueron asesinados 43 campesinos, supuestamente por simpatizar políticamente con la Unión Patriótica (UP).
Casi 22 años después, el político antioqueño irá a juicio para tratar de desvirtuar las pruebas que lo señalan como el que “les habló al oído” a los comandantes de las autodefensas para que, a como diera lugar, sacaran de Segovia a la Unión Patriótica (UP), partido que le estaba arrebatando uno de sus fortines políticos. Para la época de la matanza, el acusado era representante a la Cámara por Antioquia. El objetivo principal de la incursión era asesinar a la alcaldesa Rita Ivonne Tobón, de la UP, quien se salvó por no estar justo ese día en su oficina.
El día de la masacre llegó a las 6:30 de la tarde un grupo de casi 100 paramilitares, que se pasearon sin encontrar resistencia de la Fuerza Pública. Los criminales, con lista en mano, recorrieron el pueblo, ingresaron a varias viviendas, a establecimientos públicos, y en plena calle principal fueron asesinando a sus víctimas.
Tras el múltiple crimen, la Fiscalía inició una investigación contra Pérez García por homicidio agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno. Años después la cerró, luego de que la Fuerza Pública atribuyó el múltiple crimen a los grupos guerrilleros de la zona.
Sin embargo, la hipótesis que responsabilizaba a los grupos insurgentes estaba en contravía de la aceptación y la simpatía que tenía la UP en la zona. Esto generó una nueva investigación que sirvió para determinar que el verdadero autor del ataque fue un grupo denominado “Muerte a revolucionarios del nordeste” de las Auc que, fuera del ataque en Segovia, participó en todo el proceso de exterminio a la UP, en el que fueron asesinados o desaparecidos casi 4.000 dirigentes y simpatizantes del grupo político.
En medio de la investigación, en 1995, el paramilitar que comandó el ataque a Segovia decidió confesar todo lo que sabía. Se trató de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Bladimir, quien fue mano derecha de Henry de Jesús Pérez, el jefe paramilitar de las Auc de Puerto Boyacá y socio de Fidel Castaño.
En su testimonio acusó al excongresista de ser “buen amigo” de los jefes de las Auc que ordenaron la masacre y de ser quien promovió la incursión paramilitar.
“Cuando el señor César Pérez perdió las elecciones en Segovia y la alcaldía la ganó la UP, este señor se comunicó con Fidel Castaño para pedirle ayuda para sacar a la UP de Segovia. Luego Castaño llamó a Henry Pérez para coordinar la incursión”, aseguró.
Baquero Agudelo agregó que Henry Pérez lo citó a Puerto Boyacá para ordenarle que sacara hombres de cualquier frente para la incursión. Luego se reunió con el coronel Navas para contarle que “le iba a meter diente a Segovia”. Indicó que el excongresista llamaba de manera constante a los jefes paramilitares para presionar su ingreso.
Esta declaración, sumada a que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, obligó a la Corte Suprema de Justicia a desarchivar el proceso contra Pérez García el 13 de mayo del año pasado.
Uno de los principales argumentos fue que los magistrados consideraron importante investigar a todos los excongresistas condenados por nexos con las Auc, para establecer si en medio de su alianza tuvieron algún tipo de responsabilidad en los crímenes que cometieron los paramilitares contra la población civil.
A finales de julio del año pasado, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al excongresista Pérez García en Medellín, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ahora se alista una audiencia en la que los magistrados decidirán si lo condenan o lo absuelven.