El Comité Interinstitucional del Poder Judicial, que integra a los magistrados de las cuatro altas cortes, se declaró insatisfecho por los informes aportados el pasado martes por el DAS y la UIAF, respecto al polémico caso de las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales a los dignatarios de la justicia, y confió en que los resultados de las investigaciones aporten elementos claros para entender qué fue lo que sucedió en el organismo de inteligencia.
El Espectador conoció que después de evaluar el contenido de los documentos, entregados por el director del DAS, Felipe Muñoz, y el de la UIAF, Mario Aranguren, la sensación de los magistrados es que se trata de una recopilación de normas y acciones acatadas y emprendidas por las dos entidades, y encaminadas a definir el ámbito legal de aplicación de sus decisiones en materia judicial y legal.
Interpretando el sentir de los demás componentes del Comité Interinstitucional del Poder Judicial, la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, observó que no se trata de un informe, sino de una recopilación de normas y preceptos que cualquier persona puede conseguir en internet. “Claro no es nada en este momento”, recalcó la funcionaria, resumiendo la visión sobre los documentos enviados por el DAS y la UIAF.
La magistrada López anotó que se le va a enviar una carta al presidente Álvaro Uribe, manifestando el interés de los dignatarios de la justicia por que se conozcan a fondo las verdades del episodio de los seguimientos y ‘chuzadas’ ilegales en el DAS. Esta postura está en consonancia con la asumida por el presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto José Ibáñez, quien reiteradamente le ha pedido al Jefe de Estado que personalmente se pronuncie sobre el caso.
El escándalo por las interceptaciones ilícitas y seguimientos a los magistrados sigue concentrado, por ahora, en las pesquisas que adelanta la Fiscalía General de la Nación, así como las diligencias que ya emprendió la Procuraduría. La diferencia es que mientras el ente acusador aún no dispone la apertura de investigaciones formales, el Ministerio Público ya abrió un proceso disciplinario, al cual fueron vinculados altos funcionarios de la Casa de Nariño.