En medio del debate por las dudas que se tejieron alrededor de las condenas internacionales al Estado por el caso de las falsas víctimas en el caso de Mapiripán, Jean Carlo Mejía, director de la nueva Defensoría Militar (Demil), habla del papel que han jugado las ONG de derechos humanos, su responsabilidad y de la ventaja que tienen sobre el Estado por el desconocimiento del Derecho Internacional. Su entidad, que ahora también es ONG, está convencida del desequilibrio en la guerra jurídica que se adelanta contra los miembros de la Fuerza Pública y cómo ellos también son víctimas de la impunidad. El Espectador habló con él.
A propósito del caso de Mapiripán, ¿qué tanto ‘conejo’ le han metido las ONG al Sistema Interamericano de DD.HH.?
Mucho. Ellas conocen a la perfección el sistema y nosotros apenas vinimos a entenderlo cuando se presentó la condena por la matanza de los 19 comerciantes. Ellos son expertos en litigio internacional. Por eso hay una pelea asimétrica.
¿Es la tesis de que sí hay guerra jurídica en Colombia?
Sí, pero no se da sólo en el escenario internacional, sino en todas las fuentes de producción normativa y tiene un propósito: desmoralizar a la Fuerza Pública.
Según usted, aquí no hubo excesos de las Fuerzas Armadas ni falsos positivos.
No manejamos el negacionismo. Si hay casos, que la justicia lo demuestre. Eso no implica que se deba judicializar a una institución cuando las que delinquen son las personas ¿Lo que está ocurriendo con el caso de Mapiripán daría para satanizar por parte de nosotros a todas las ONG? Jamás.
La controversia del caso Mapiripán es el número de víctimas, pero masacre hubo.
Hemos dicho que sí hubo masacre. El mismo general Uscáteguí lo reconoce. El problema es cuando se meten a cualificar personas que no son víctimas y a cuantificarlas por encima del número real.
Pero queda la sensación de que al bajar el número de víctimas el Estado es menos responsable. Es igual de aberrante 13 muertos que 49, ¿no?
El número de víctimas tiene indicadores desde el punto de vista de justicia y reparación. Jamás vamos a bajar la gravedad de lo que ocurrió, pero también nos preguntamos por qué ciertas masacres son importantes y otras no. Eso tiene que ver con quién es el interesado en mover los procesos. Nos enseñaron que el único responsable de violar los DD.HH. es el Estado, y ¿la guerrilla no los viola? Se ha llegado a la conclusión de que las masacres de la guerrilla no son importantes, porque esos casos no son rentables.
Pero es que el Sistema Interamericano evalúa la responsabilidad de los estados. La guerrilla viola los derechos humanos, pero el Sistema Interamericano no parece ser el escenario, ¿o sí?
Con el cisma que se va a generar en el Sistema por el caso Mapiripán se va a abrir una puerta para que otros casos sean conocidos. Si bien el Sistema está diseñado para que responda el Estado en caso de impunidad, si no se investigan los crímenes contra los agentes del Estado también hay impunidad y esas investigaciones de militares y policías víctimas las vamos a llevar al Sistema.
¿Con este caso el papel de las víctimas queda revaluado?
Sólo se habla de las víctimas del conflicto, pero nadie toca las víctimas de la violencia en general. Un país con el 98% de impunidad y, en el caso de los delitos contra los militares, del 100% de impunidad. Es inaudito.
¿En qué otras masacres tienen ustedes sospechas de falsas víctimas?
Fuera del caso de Mapiripán, tenemos dudas en casos como el de Santo Domingo (Arauca), las masacres de Trujillo (Valle), la de El Salado (Bolívar) y posiblemente de algunas de las matanzas que se registraron en La Gabarra (Norte de Santander).
¿Hay un contubernio entre las ONG y el Sistema Interamericano?
No creo, pero sí pienso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ampliamente ideologizada. Su origen es político, muchos de los comisionados que han pasado por este órgano han sido asilados o perseguidos políticos en sus países. Creo que no hay contubernio, pero sí da para evidenciar que hay una afinidad con casos de guerrilleros y demás, que pasan como de presos políticos. A los miembros de grupos sociales, de sindicatos, defensores de derechos humanos de izquierda… les regalan las medidas cautelares. Pero ¿por qué no pasa eso para el otro lado? Después de 14 años como defensor de DD.HH., yo combato es esa ideologización, porque va en contravía del principio de universalidad que tienen los derechos humanos, que en la práctica no se da. El Sistema está diseñado para condenar al Estado, pero en los casos donde hay fallas de su justicia para perseguir a guerrilleros o a paramilitares que asesinan militares, también debe aplicarse el Sistema Interamericano.
Y ahí a quién condenan, ¿al Estado?
Claro. Por ejemplo, en el caso de Galán. En esa muerte hubo un señor Jasbún, que fue judicializado como supuesto autor del magnicidio. Luego se dijo que hubo un error judicial. ¿Error judicial? ¿Se lo tiene uno que aguantar? El caso llega internacionalmente. No siempre un caso que llegue allá tiene que ver con masacres, sino casos donde falla el debido proceso. Se cumplen en diciembre 14 años de la matanza de Santo Domingo y que no haya sentencia, eso es un llamado de atención a la justicia. La Corte Interamericana dice que el plazo razonable para que haya una sentencia en firme, dependiendo de lo complejo del caso, es entre 5 y 8 años.
Si no sirve la justicia en el país, ni la Interamericana, entonces ¿qué sirve?
Lo fundamental es mirarlo en términos de impunidad. La justicia colombiana tiene un problema estructural y no lo va a resolver la reforma a la justicia. Lo otro es que la justicia internacional sirve en la medida que se use para procesos paradigmáticos. No se trata de llevar todos los casos, sino unos que den líneas de interpretación para la justicia interna. Ahora, con la llegada a la Corte Penal Internacional, el cambio más grande en el derecho de los siglos XX y XXI, las personas van a responder penalmente a nivel internacional. Ahí se va a acabar la responsabilidad del Estado y se va a dar la responsabilidad del violador de DD.HH., sea el Estado o los particulares. Hace 14 años trabajamos en el tema y sé que funcionará cuando mis nietos tengan 40 años, pero ese es el camino.
Dice que la Comisión está ideologizada, pero las Fuerzas Militares también.
Bueno, ahí hay varias cosas. Si usted le pregunta a un militar colombiano por qué pelea, le responde por la Patria, por Dios, por la familia, por la República. Nuestras Fuerzas tienen un compromiso muy claro frente a su nivel de ideologización, que es muy bajo. La razón es que a diferencia de otros ejércitos de la región, no hemos tenido un ejército de caudillos como Venezuela con Chávez, Panamá con Torrijos o Nicaragua con Somoza. No, Colombia es una ínsula en todo el continente . Por eso sacamos pecho diciendo que somos la democracia más antigua.
Entonces quiénes son los que promueven esa ideologización.
Le aseguro que no han sido tanto los militares, sino ciertas personas muy ideologizadas que están alrededor de la Fuerza Pública y de los movimientos de presión de contraparte. Tengo la certeza de que el militar no vive en guerra fría, pero muchos alrededor de los militares sí. Hay más civiles recalcitrantes sobre estos temas, que los mismos militares.
¿Cuál es el delito por el cual están más procesados los militares?
La organización trabaja frente a tres temas grandes: penal militar, que en ese caso está la deserción. La justicia ordinaria, que son menos casos, como homicidio agravado y homicidio en persona protegida. En el tema administrativo nosotros tenemos otros casos, donde demandamos y donde hay demandas contra militares.
¿Las demandas por inasistencia alimentaria son fenómeno en las FF.MM.?
Según estadísticas internas, así como el 10% de la violencia en Colombia es por conflicto armado, el 82% de los problemas de los militares no tienen que ver con la guerra. Son inasistencia alimentaria y de divorcios.
¿A qué atribuye eso?
A muchos factores socioantropológicos, como el caso de nuestros soldados de origen campesino que se los llevan a otros lados. El amor que despierta un uniforme es impresionante y las niñas se le acercan al soldado, lo que genera muchos problemas ajenos al conflicto. Uno de ellos, que por donde van pasando van dejando sus hijos. ¿De dónde parte la defensa de un militar?, de la educación militar. Lo que venimos exigiendo desde la academia es que la mejor forma de que un militar salga a defender los DD.HH. es que se considere a sí mismo como ser humano. ¿Eso qué le da?, dignidad humana.
¿Desde cuándo cree usted que se cometen en Colombia falsos positivos?
El término tiene una connotación con una carga de lenguaje muy grande. Con el caso de Mapiripán uno podría decir que es un falso positivo de las ONG y no hablo de eso para no incurrir en una carrera de ofensas. No hay una sola sentencia en firme , excepto las anticipadas, ni jurisprudencia de la Corte en casación. Para hablar en abstracto de este fenómeno criminal, que está muy ligado a nuestra historia de violencia, tenemos que decir que es un fenómeno ligado a la Policía Nacional, y no la institución sino algunos de sus miembros, después de 1948, con algo que llamaron ‘Los Pájaros’, el Polpot (Policía Política) o los chulavitas. La visión de una policía municipal y departamental. Y tiene que ver, en abstracto, con el fenómeno de limpieza social. La doctora María Victoria Palacio lo llamó el ciclo de violencia no concluida y en eso se presenta la violencia desestructurada, un conflicto armado desestructurado, que produce fenómenos como esos, con otra serie de elementos exógenos.
En entrevista con El Espectador, Gustavo Gallón dijo que la sentencia de Mapiripán no tiene reversa. ¿Es así?
Jurídicamente es bien difícil, pero creo que hay argumentos jurídicos para revisar de fondo. Desde el conocimiento del Sistema, la audiencia de ayer fue mediáticamente manejada por la Corte. Es una audiencia normal, donde se va a revisar la ejecución de la sentencia y el que más perjudicado saldrá será el Estado.
Pero, ¿se puede revisar?
Todo órgano de justicia internacional tiene unos poderes inherentes. No los que están en la convención ni en el reglamento, sino los que se deducen de la jurisprudencia de la Corte Internacional. Si la Corte encuentra que hubo problemas que se pueden presentar en otros casos, creo que podría revisar la sentencia. Sería un caso paradigmático de cómo salvar el Sistema Interamericano. Creo que si la Corte no hace un pronunciamiento muy agresivo frente a lo que pasó con Mapiripán, ahí se puede acabar la Comisión Internacional.