Cerca de las 3 de la madrugada del lunes 17 de noviembre y tras más de 50 horas de discusiones jurídicas, técnicas y políticas, que habían comenzado desde el sábado 15, pero venían “cocinándose” desde dos semanas atrás, la puesta en marcha de la Emergencia Social y de sus medidas de Intervención estaban dependiendo de una impresora.
A esa hora no había muchos funcionarios en la Casa de Nariño y los presentes no tenían información de la ubicación de equipos. Los decretos de Emergencia ya estaban firmados y publicados en el Diario Oficial, así como una resolución de Supersociedades que asignaba precisas funciones para los procesos de Intervención que ya comenzaban.
Pero faltaba el auto que ordenaba la toma de posesión del entramado de DMG y disponía que la Policía sellara sus establecimientos en más de 50 sitios del país. La impaciencia del general Naranjo era visible. El auto estaba redactado pero faltaba la impresora. Apareció una que se tragaba las hojas, otra que no recibía el archivo y una tercera que parecía confirmar la “ley de Murphy”: imprimía unas hojas y otras no.
“Tengo 3.000 policías esperando la orden”, dijo el general Naranjo. Hasta que uno de los hombres de seguridad de la Casa Presidencial dio con una impresora que hizo el trabajo. Empezaba así una tarea cuya magnitud pocos podían dibujar. Se anduvo a mayor velocidad que la corriente, se impusieron las sanciones posibles y se desnudó el andamiaje subrepticio que usaban quienes posaban como nuevos magnates del empresariado nacional.
La emergencia se decretó con argumentos jurídicos y políticos, ante una legislación que no pensó encontrar una situación de esta magnitud. Una verdadera explosión de locales informales, empresas de supuestos servicios de aseo que recogían dinero a manos llenas, ofrecimientos irracionales de beneficios, impactantes proyectos hoteleros, presuntos “grupos empresariales” y un sinnúmero de ardides que contaron, con una sociedad hipnotizada por los cantos de sirena.
Nos acercamos a 100 sociedades intervenidas y un número similar de personas naturales vinculadas a la operación de captación, con casi 300 locales y oficinas sellados. Los agentes interventores han recibido 445.000 reclamaciones para devolución de dinero, a pocos días de cerrar los procesos para solicitudes de los afectados. Sin desconocer la problemática social, estas cifras muestran que la magnitud no era apocalíptica.
Las cifras son estas. El Estado ha recuperado $133 mil 208 millones en efectivo, de los cuales el 81% se ha encontrado en locales de DRFE, el 18% en DMG Grupo Holding S.A., y el restante 1% en 41 captadoras más. Sin embargo hay buenas expectativas con los bienes inmuebles de Costa Caribe (hoteles y oficinas) y de todo el entramado de DMG, además del dinero y bienes de los que la Fiscalía se ha incautado y deberán llegar para las devoluciones.
Dos aspectos positivos de las medidas adoptadas en esa madrugada de lunes festivo. Primero, que el Estado colombiano ha cerrado cualquier posibilidad de rebrote de nuevos fenómenos de captación ilegal. El otro aspecto, que se ha privilegiado a quienes, inocentemente o no, pusieron su dinero en las manos más inseguras. Valga decir que de haberse ordenado la liquidación ordinaria de DMG, los depositantes habrían quedado en quinto lugar de preferencia para el pago sus acreencias, en lugar de la primera fila que ocupan hoy.
* Superintendente de Sociedades
Testimonio de un miembro de la Dijín
Investigando a DMG y sus socios
El siguiente es el testimonio de uno de los cinco investigadores de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijín) que participaron en las pesquisas que durante 14 meses se adelantaron clandestinamente en contra de la captación irregular de dineros de la empresa DMG, la cual hoy en día ha afectado la seguridad económica de 222 mil personas en todo el territorio nacional, según los últimos datos de María Mercedes Perry, agente interventora de dicha firma.
Han transcurrido 41 días de noticias en los que el bombardeo informativo sólo ha permitido conocer el 5% de las pruebas que existen en torno a la mayor defraudación económica del país. Es un pequeño porcentaje de información conocida por la opinión pública, pero que les ha valido a las autoridades sustentar las capturas de David Murcia Guzmán, presidente de la compañía, y de los socios Margarita Pabón, Daniel Ángel y Marco Antonio Bastidas.
Afirma el investigador que el resto de los datos, donde figuran quiénes y cómo se inyectaban los dineros a la firma, se darán a conocer en dos o tres meses, cuando llegue la etapa de juicio. El celo de la misma, salvaguardar la investigación, que tuvo su inicio el 18 de agosto de 2007, con la incautación de $6.500 millones en La Hormiga (Putumayo) y el seguimiento a unas camionetas marca Toyota Prado y Hyundai Tucson, que se movilizaban desde la calle 68 al norte de Bogotá, con cajas y sacos llenos de dineros que eran descargados en oficinas y apartamentos de la empresa.
Según el prevenido investigador, quien para esta entrevista en todo momento estuvo pendiente de los celulares y de la grabadora que permaneció apagada, el éxito de la operación consistió en el cuidado que tuvieron para adelantar la parte técnica de la pesquisa. Ello se consolidó a medida que iba aumentando el interés en el caso tras la elaboración de los perfiles de David Murcia (detenido en La Picota) y de William Suárez (prófugo), en los que encontraron que el primero de ellos había sido un camarógrafo en Santa Marta y vendedor de productos naturistas en Putumayo, y el segundo, un taxista del aeropuerto de Bogotá.
Fue así como el 27 de agosto de 2007 decidieron abrir un radicado paralelo al de la plata de La Hormiga, que les permitió conocer a los miembros de DMG, las estrategias para detectar el pool de abogados, la infiltración en la sociedad, los intentos por evadir la fiscalización gerencial de las empresas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y de sociedades, pero ante todo, la trama para llegar a los miembros de los distintos organismos del Estado, incluida la fuerza pública, con la firme intención de manejar el poder.
Sin que los otros organismos investigadores del Estado supieran, la Dijín realizó los seguimientos, interceptación de correos y monitoreo de teléfonos de los detenidos y de quienes aún se encuentran prófugos de la justicia. Los agentes se enfocaron en lavado de activos y los delitos conexos, porque si no conducían sus esfuerzos hacia la parte penal, las sanciones iban a ser mínimas en contra de las cabezas de la captadora ilegal de dineros —que a nivel nacional recaudaba entre $20 mil y $30 mil millones diarios—, que pronto saldrían de la cárcel.
La pesquisa encubierta de la unidad especial de la Dijín, con el apoyo y asesoría de algunas agencias internacionales, condujo a los miembros de la Policía a dar no sólo con la captura de Murcia Guzmán y algunos de sus socios, sino también a la incautación de $4.700 millones en Manizales, $1.000 millones en Cartagena, $400 millones en el aeropuerto de Pasto, $300 millones en La Dorada y $1.000 millones más en el allanamiento en el que capturaron a Margarita Pabón y Daniel Ángel, además de los $6.500 millones de La Hormiga.
Asimismo, los llevó al desmantelamiento del centro de cómputo ubicado en la calle 78 con carrera 18 de Bogotá, en un edificio nuevo de cinco pisos, el cual no tenía razón social pero pertenecía a una de las empresas de David Murcia. En esa operación obtuvieron 14.900 gigas de información en 95 discos duros y dos servidores, que equivaldrían a 1’301.881 hojas de
word, las cuales están siendo procesadas por el grupo de Análisis Financiero y Delitos Informáticos de la Dijín. Según el investigador, dicho grupo está compuesto por cinco personas que trabajan por turnos las 24 horas del día, con las que en un término de seis meses el optimista oficial considera terminarían de auscultar los archivos.
Comenta el investigador que no le sorprendió que miembros de la fuerza pública y demás sectores de la sociedad metieran sus dineros en DMG, porque para ese entonces era una empresa legal, que no había suscitado denuncias o quejas de algún ciudadano. La gente sólo quería ganar dinero y eran felices con el 700% de la inversión que llegó a ofrecer DMG, tan sólo la semana anterior a que se efectuaran las capturas, precipitadas por la caída de la pirámide DRFE. Lo que sí le produjo extrañeza, comenta, era que en el curso de las investigaciones se topaba con gente muy importante que no hacía reparo alguno porque les pagaran entre $300 y $500 millones, en efectivo, por asesorías de dos o tres meses que prestaban a la captadora de dineros. Esa plata la recibían sin firmar papeles membreteados, sino con simples recibos de caja menor.
Para la Policía, la intervención del Gobierno a la captadora DMG, con base en sus seguimientos, ha sido un éxito. Según el investigador, la Dijín tiene en su poder pruebas, basadas en los testimonios de los mismos artífices del negocio, de que todo era un enorme plan de lavado de activos, en el que la gente creyó que ganaba dinero fácil gracias a una innovadora estrategia de mercadeo. Razón por la cual el mismo investigador manifiesta sin prevención alguna que “si nosotros no hubiéramos sido investigadores de DMG, seguro que hubiéramos invertido también”.
A la espera de un preacuerdo con la Fiscalía
Margarita Pabón y David Ángel, principales socios de David Murcia en DMG detenidos tras la intervención de la firma por parte del Gobierno y la investigación de las autoridades, ofrecieron hacer un preacuerdo con la Fiscalía que, en caso de aceptar la propuesta, deberá recibir el aval de un juez de control de garantías. Aunque ambos dijeron que no renuncian a que se les otorgue el principio de oportunidad, se mostraron dispuestos a colaborar con la justicia. En caso de que sea aceptada su propuesta deberán entregar información sobre las maniobras financieras de la firma, los socios ocultos, explicar el funcionamiento de las empresas de papel y el mecanismo que permitía a la firma entregar altos rendimientos a los tarjetahabientes. Los dos son acusados del delito de lavado de activos. Por su parte, David Murcia se ha negado hasta el momento a aceptar cargos y manifestó que irá hasta el final para demostrar su inocencia.
Supersociedades intervino a DMG
Como argumentos para intervenir a DMG, el superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, tuvo que la empresa había obstaculizado el trabajo de vigilancia de la entidad a su cargo desde meses atrás, al tiempo que la contabilidad no estaba siendo llevada como lo indica la ley. Asimismo, tenía un atraso contable desde 2007. Como si fuera poco, a pesar de que contaba con activos superiores a 30.000 salarios mínimos, no informó a las autoridades competentes esa situación. Pese a que las empresas que conformaban el holding manejaban grandes cantidades de dinero, hasta el momento no se ha podido justificar satisfactoriamente el origen de los recursos.