La comunidad LGBT está con los pelos de punta luego de conocer que el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado –quien en repetidas oportunidades se ha mostrado en desacuerdo con sentencias en las que se le han reconocido derechos a las parejas homosexuales– no se declaró impedido para emitir su concepto ante la Corte Constitucional en desarrollo de una demanda que busca nada más y nada menos que estas parejas puedan ejercer el derecho a la adopción. El asunto no es de poca monta.
Es así como recalcando sus profundas convicciones católicas y algunos fragmentos de su libro Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad, publicado en 2003, en donde se hacen fuertes apreciaciones sobre los homosexuales, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, le pidió a la Corte Constitucional que el jefe del Ministerio Público se apartara de esta trascendental discusión para el país porque, en su criterio, Ordóñez como garante de la sociedad no sería imparcial.
Cuando la comunidad LGBT daba por sentado que Alejandro Ordóñez se declararía impedido para dar su concepto en esta demanda, el Procurador no sólo advirtió que no lo haría, sino que además sostuvo que la Corte Constitucional era incompetente para decidir sobre sus impedimentos. En un oficio de 12 páginas conocido por El Espectador, la máxima cabeza del Ministerio Público advirtió le que la Corte no puede decidir al respecto ya que “no existe una norma constitucional ni legal que regule los impedimentos y recusaciones del Procurador”.
Su posición –sin antecedentes hasta hoy– dejó asombrados a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes siempre han decidido sobre los impedimentos del jefe del Ministerio Público. Pero, sin duda, los más incómodos con este asunto son los representantes de la comunidad LGBT, quienes desde hace meses han venido advirtiendo que el supuesto fundamentalismo de Ordóñez Maldonado le impediría emitir un concepto imparcial en la demanda que busca posibilitar que parejas homosexuales puedan adoptar un hijo.
Marcela Sánchez, vocera de la ONG que trabaja en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, le manifestó a este diario que, debido a la clara postura que siempre ha mostrado en estos casos, lo más lógico es que el Procurador se declare impedido. “En varias ocasiones se ha pronunciado públicamente en contra de las parejas del mismo sexo, tanto como persona, como académico y como funcionario cuando fue miembro del Consejo de Estado. De todas maneras hay que esperar a que la Corte Constitucional resuelva la recusación que nosotros presentamos, porque no es viable que él mismo resuelva si es apto o no para hacerlo, o sea, que sea juez y parte en la recusación”.
En el documento que le envió a la Corte, fechado el pasado 24 de febrero, Alejandro Ordóñez manifestó que, de acuerdo con las funciones que la Constitución le ha conferido a la Procuraduría, cuando él no pueda actuar por impedimento o recusación deberá ser el Senado de la República quien nombre en reemplazo a un Procurador Ad Hoc. Asimismo, manifestó que la recusación interpuesta por Marcela Sánchez no puede prosperar porque lo que ha conceptuado Ordóñez sobre las parejas homosexuales “se encuentra amparado en el pleno goce y disfrute de mis libertades fundamentales, sin llegar a comprometer, en modo alguno, el ejercicio de la función pública a mi cargo como Procurador General de la Nación”.
En ese mismo tenor, indicó que sus tan criticadas convicciones religiosas están protegidas por la libertad de cultos y conciencia y que hacen parte de su fuero interno, razón por la cual no puede ser molestado ni por el Estado ni por la sociedad. De sus posiciones académicas, dijo Ordóñez, están protegidas por la libertad de enseñanza y libertad de pensamiento y opinión, y hacen parte de su autonomía personal para decidir las líneas de pensamiento jurídico, político y filosófico que a él le corresponden como docente e investigador. Por tal razón, para el procurador Ordóñez, las manifestaciones que en su contra hace Sánchez Buitrago sobre sus creencias teológicas y morales, le resultan impertinentes.
Hasta el momento la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la demanda que la comunidad LGTB le allegó, tan solo 24 días después de que esa alta corporación amparara los derechos patrimoniales, civiles, migratorios, penales, pensionales y contractuales de las parejas homosexuales. Las posiciones de las partes son claras y prometen encender nuevamente la polémica que se suscitó antes de la elección de Alejandro Ordóñez. De cualquier manera, el escenario planteado por el jefe del Ministerio Público generó controversia en el seno de la Corte y puso con los nervios de punta a la organización Colombia Diversa. Es el primer gran pulso de Ordóñez en un tema tan polémico y por el cual ha sido criticado con vehemencia.