La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representanda en el Ministerio de Defensa, por los daños que se presentaron en el marco del ataque de las Farc en contra de las instalaciones del Banco Agrario y la estación de Policía del municipio de Miranda, Cauca, registrada el 30 de agosto de 2000.
Para el tribunal de lo contencioso administrativo, está demostrada que en el intercambio de disparos entre los guerrilleros y la Policía un joven que estaba en el sector recibió una herida de gravedad. Debido a la gravedad de los hechos, al afectado se le amputó una de sus extremidades.
En el debate probatorio se consideró probado que el joven perdió de sus extremidades cuando un avión del Ejército, que prestó apoyo a la Policía, se detonó un artefacto explosivo «que le ocasionó graves heridas en las piernas al joven quien se encontraba en su casa”.
El Consejo de Estado avaló los argumentos de los accionantes al considerar que “la Policía incurrió en responsabilidad objetivo por daño especial, ya que él fue lesionado gravemente como consecuencia directa del enfrentamiento entre un grupo armado ilegal y miembros de la Policía”.
Ante esto, se ordenó el pago de una indemnización para los familiares del joven que resultó gravemente afectado durante la acción registrada hace 14 años.