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Condenan a seis años y cuatro meses de prisión domiciliaria a exsubdirector del IDU por ‘carrusel’

Eduardo Montenegro aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por omisión.

05 de marzo de 2014 - 07:04 p. m.
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La jueza 16 de conocimiento de Bogotá condenó a seis años y cuatro meses de prisión al exsubdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Luis Eduardo Montenegro Quintero en el marco del proceso judicial que se le adelanta por el denominado ‘carrusel de la contratación’.

El exfuncionario firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptaba su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por omisión. Igualmente se comprometió a ser testigo de cargo del ente investigador y colaborar con las autoridades judiciales dentro de las indagaciones por el que es considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.

Según la investigación, Montenegro Quintero habría tenido relación con la entrega irregular de contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas, principalmente todos los que tuvieron relación con la reparación de la malla vial.

Entre junio de 2009 y agosto de 2010, señala el escrito de acusación, Montenegro participó en la entrega irregular de 11 contratos relacionados con la reparación de la malla vial y la tercera fase de TransMilenio a un grupo de contratistas y empresarios quienes no cumplían con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Para la Fiscalía General es clave que el ahora condenado participó y tuvo conocimiento directo sobre las fallas en la celebración de estos contratos que le fueron entregados a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez –hoy procesados por estos hechos de corrupción- vulnerando así el patrimonio del Distrito y las leyes de contratación.

En las declaraciones entregadas a la Fiscalía, y las cuales fueron la base del preacuerdo, el procesado aseguró que los procesos de contratación en la capital del país fueron de conocimiento del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien actualmente se encuentra privado de su libertad y enfrenta dos juicios penales por el ‘carrusel’.

En la condena también se le ordenó el pago de 87 salarios mínimos legales vigentes en calidad de multa.
 

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