El Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda interpuesta por el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega con la cual busca que se anule la destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos que le interpuso la Procuraduría.
En la acción judicial no pide ninguna indemnización económica, sino que se le anule esa sanción disciplinaria al considerar que no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por su defensa en todo el proceso.
Pretelt de la Vega fue sancionado disciplinariamente por haberle entregado una notaría al entonces representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño para que apoyara el proyecto que buscaba la reelección presidencial. (Ver ‘Soy inocente’: Sabas Pretelt de la Vega)
En su defensa, Pretelt de la Vega manifestó que el Ministerio Público nunca presentó pruebas fehacientes que lo involucraran en una solicitud de comisiones y prebendas a un grupo de congresistas.
Ante esto le solicitó al Consejo de Estado que pida el testimonio de la excongresista Yidis Medina, quien fue procesada penalmente por estos hechos que permitieron un segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez.