La Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó a la Policía Nacional crear un curso dentro de la Institución contra la violencia a la mujer. Para el alto tribunal se busca evitar otros casos de violencia y discriminación contra las mujeres.
El alto tribunal condenó a la Nación, al pago de una millonaria indemnización a los familiares de una mujer quien murió después que su pareja sentimental, un miembro de la Policía Nacional, le disparara con su arma de dotación.
En el debate jurídico se indicó que los superiores del uniformado ya conocían la situación de violencia intrafamiliar que se presentaba en el hogar del policía y pese a esto no tomaron caras en el asunto.
Para la Sala se presentó una falla del Estado ya que toleraron esta situación y no actuaron con la debida diligencia para proteger a la mujer de los actos de violencia de los que era víctima por parte del uniformado.
En un principio el uniformado –quien fue procesado penalmente por estos hechos- aseguró que ella se había suicidado debido a una crisis de celos. Sin embargo, luego del análisis forense y de balística se comprobó que fue agredida.
Las pruebas allegadas permitieron inferir además los constantes maltratos físicos y psicológicos de los que era víctima la mujer. En los testimonios se encontraron varios policías y compañeros de trabajo.
El tribunal de lo contencioso administrativo le ordenó al director de la Policía Nacional pedir perdón público por estos hechos a los familiares de la víctima, así como firmar un compromiso para que este tipo de casos no se presenten otra vez.