Al resolver una demanda de reparación, el alto tribunal no sólo condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por este crimen, sino que también ordenó por primera vez que en una ceremonia especial oficilizada por el general Naranjo y en la que estarán presentes los familiares de las víctimas, se presenten públicamente excusas por la desaparición forzada y la posterior ejecución de los hermanos Carmona y su amigo Horacio Londoño.
La decisión de hacer que Naranjo ofrezca las excusas no significa que él estuviese implicado en la investigación. Se trata de un acto de reparación simbólica debido a que él es hoy el Director de la institución a la que pertenecían los servidores públicos que incurrieron en el delito.
El 27 de enero de 1995 los tres fueron retenidos ilegalmente por varios uniformados y luego fueron llevados a una estación de Policía. Según las autoridades, su detención obedecía a que estaban acusados de “desorden público”. Al día siguiente algunos de sus familiares preguntaron qué había pasado, pero fueron golpeados y obligados a retirarse del lugar. Cuatro días después se reportó el hallazgo de los cadáveres, todos con signos de tortura: fueron decapitados y les cercenaron las manos a la altura de las muñecas. El carro en el que fueron desaparecidos tenía placas BEI-260 y pertenecía a la Sijin de la policía de Tuluá.
El Consejo de Estado determinó en su fallo que el Estado fue el responsable del homicidio de estas personas y en una novedosa tesis jurídica sostuvo que reparar económicamente a los familiares de las víctimas no era suficiente. Por ello, ordenó la ceremonia pública de perdón que deberán encabezar el director de la Policía y las autoridades municipales de Tuluá. De esta manera, asegura el alto tribunal se garantiza que el Estado brinde una reparación integral para que la gente no tenga que acudir a las cortes internacionales.
Con ponencia del magistrado Enrique Gil, el Consejo de Estado, al resolver esta demanda, no sólo le mandó un contundente mensaje a las autoridades colombianas, sino que además sentó jurisprudencia en el sentido de que las normas de la reparación integral del país deberán estar en sintonía con las normas del Derecho Internacional Humanitario. Así las cosas, se condenó a la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de 200 salarios mínimos a cada una de las familias de las víctimas.
Pero además, de acuerdo a la sentencia, el Comando de Policía de Tuluá deberá implementar un sistema de promoción y respeto por los derechos de humanos, mediante charlas con la comunidad, y con la elaboración, de ser posible, de material didáctico para enterar a la ciudadanía de sus deberes y responsabilidades públicas. Y, como si fuera poco, el alto tribunal también sentenció que la parte resolutiva del fallo sea publicada en un lugar visible en el Comando de Policía de Tuluá, en los próximos meses. "De tal forma que toda persona que visite dicha estación, tenga la posibilidad de acceder al contenido de la misma”, dice el inédito fallo.