La encrucijada por mejorar la imagen de las altas cortes en el país y por diseñar un mejor modelo de trabajo, sigue siendo una preocupación para todos los magistrados. Este año, el primero en dar un paso en ese camino fue la Corte Constitucional, cuando publicó el patrimonio de todos sus togados en su página web como símbolo de transparencia. Ahora, el turno es para el Consejo de Estado.
En una votación unánime en la Sala Plena, el alto tribunal acordó que presentará un acto legislativo para eliminar la norma en la que se establece que las altas cortes deben elegir al procurador y auditor. Aunque el texto para el cambio constitucional todavía está en proceso de elaboración y revisión, lo que está claro es que se trata de una movida para acabar de tajo con las criticadas funciones electorales que tienen los altos tribunales en el país.
Esta jugada ya se veía venir pues el expresidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, advirtió en septiembre de 2017 que por cuenta del escándalo del cartel de la toga, era urgente modificar el sistema de justicia en el país y la manera cómo trabajan las altas cortes. “Lo que nos preocupa en las cortes es la situación de la justicia (…) Un Estado sin jueces y sin que la ciudadanía confíe en ellos, es un Estado crítico”, señaló Ramíres el año pasado.
(En contexto: “Lo que nos preocupa es la situación de la justicia”, presidente del Consejo de Estado)
Aunque la propuesta del Consejo de Estado cobija solamente a las elecciones que se llevan en su sala plena, la iniciativa la podrían seguir otras cortes. Según lo establecido en la constitución, el auditor general lo elige la Sala Plena del alto tribunal de una terna que elige la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al procurador, esta elección se lleva a cabo en el Senado en donde los congresistas eligen de una terna compuesta por un candidato del presidente, uno de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado.
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Aunque por ahora la iniciativa del acto legislativo solo incluye elecciones en las que está involucrado el Consejo de Estado, lo que está claro es la disposición el alto tribunal de cambiar el modelo de trabajo. Quitarle las funciones electorales a las altas cortes ha sido un debate de décadas pues, para los puristas en derecho, los magistrados deben dedicarse exclusivamente a hacer jurisprudencia.