La Sala de Consulta del Consejo de Estado ratificó la obligación legal que tiene la Fiscalía de hacer efectivos lo nombramientos promovidos en el concurso que efectuó en 2007 y que fueron objeto del fallo de tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene en emergencia al organismo.
El concepto obedece a una consulta elevada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por parte del fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, indagando sobre el carácter vinculante del concurso.
Basada en sentencia SU – 913 del 11 de diciembre de 2009 de la Corte Constitucional, referente al concurso notarial, la magistratura puso en evidencia que se tratan de dos procesos sometidos a las "leyes de concurso" de idéntica naturaleza, por cuanto no sólo son vinculantes sino inmodificables.
"Para el caso concreto de las convocatorias que realiza la Fiscalía General de la Nación, se tiene que el artículo 62 de la ley 938 de 2004, dispone que éstas son "norma obligatoria y reguladora de todo proceso de selección", advierte el Consejo de Estado en la respuesta a la consulta.
Según la magistratura, resulta inoficioso que se haya dado origen a este proceso para no dar trámite a ninguno de los nombramientos que alcanzaron los aspirantes mediante el concurso que, vale decir, es un acto administrativo, sometido a la normatividad existente en la materia.
"No resulta razonable ni proporcionado, ni mucho menos ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia de la función pública, que se haya adelantado toda una serie de actuaciones y etapas tendientes a materializar un concurso de méritos, que implican el uso de recursos públicos, cuya finalidad o producto final es la elaboración de una lista de elegibles en estricto orden de mérito, para luego hacer caso omiso de ella", puntualizó en Consejo de Estado.