Un convenio interadministrativo por más de 2.200 millones de pesos tiene en la mira de la Procuraduría al gobernador del Quindío, Julio Cesar López Espinosa, luego de que el ente de control disciplinario dictara pliego de cargos en su contra.
El Ministerio Público le abrió investigación formal por las presuntas irregularidades que se dieron en la celebración de un convenio entre su administración y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, en el marco de un proyecto de adecuación de las vías azotadas por la última ola invernal.
Aparentemente, la escogencia del contratista no se dio siguiendo los principios de selección objetiva, por cuanto no se convocó una licitación pública, que era el método pertinente para hacer la concesión; de ahí que, probablemente, se hayan omitido los principios de transparencia, selección objetiva y de responsabilidad consagrados en el Estatuto de la Contratación Estatal.
Por el contrario, se acudió a la figura del convenio interadministrativo, que derivó en la transferencia directa de los recursos provenientes del Instituto Nacional de Vías, Invías, en la Red Alma Mater, firma que a su vez subcontrató las obras contempladas en el plan.
Por los mismos hechos, la Procuraduría dictó pliego de cargos en contra de la directora del Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación del departamento, Luz María Arbeláez Galvez.
La “delegada para la Moralidad Pública ordenó compulsar copias de la decisión, a las Procuradurías Provincial de Cartago, Provincial de Barrancabermeja, y al reparto de las Delegadas para la Contratación Estatal y Moralidad Pública, a fin de evaluar la responsabilidad de los alcaldes de Cartago, Valle del Cauca, y Cantagallo, Bolívar, así como del director General del Instituto Nacional de Vías y demás funcionarios involucrados» en hechos de esta naturaleza”.