Como un “chivo expiatorio” calificó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega dentro de los procesos que se adelantan por los desaparecidos del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985.
Según el jefe del Ministerio Público, los desaparecidos sí existen, sin embargo no hay pruebas que relacionen al excomandante de la Escuela de Caballería con dichas acciones, hecho por el cual reiteró la intención de la Procuraduría de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ratificar la condena en contra del militar a 30 años de prisión.
“La Procuraduría General ha venido interviniendo en estos procesos, no hay pruebas ni documentos que responsabilicen a Plazas Vega. Las victimas necesitan conocer la verdad, sí hubo desaparecido pero el responsable no es Plazas Vega”, precisó Ordóñez Maldonado en entrevista en la F.M.
Y es que para el Procurador General, es necesario que determinar quién o quiénes fueron los responsables de la desaparición de 11 personas, sin embargo fue enfático en aclarar que ni el coronel Plazas ni el excomandante de la Brigada XIII general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por estos hechos, participaron ni fueron los determinadores en estas acciones.
“Aquí hay una guerra jurídica, en contra del Ejército el cual está viendo afectada la institucionalidad”, precisó el jefe del Ministerio Público en la entrevista radial cuestionando seriamente los argumentos presentados por el Tribunal Superior sobre una solicitud de perdón público por parte de las Fuerzas Militares a los familiares de las víctimas y a todos el país por los hechos ocurridos hace más de 26 años.
Ante la sentencia proferida el pasado lunes, fue enfático en aseverar que existe una irregularidad frente a la ratificación de la condena, pues en el primer fallo en contra del coronel Plazas emitido en junio de 2010 se le condena por “nueve desaparecidos” y “en la segunda por siete”, manifestando así su inconformismo con lo alto de la pena establecida.
“Aquí (en el fallo) la institucional castrense puede parecer como un enemigo de la sociedad. Es una pena desproporcionada, en la primera sentencia se le condena por la desaparición de nueve personas, y en la segunda se dice que son siete”, precisó Ordóñez Maldonado.
Explicó además que dentro de esa “guerra jurídica” existen otros casos como el del general Jaime Humberto Uscategui, condenado por la masacre de Mapiripán, así como los militares investigados y procesados por la masacre de Santo Domingo.