En una misiva de cinco puntos, el abogado Jaime Granados quien defiende los intereses del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega manifestó que su defendido no tiene ningún interés en recibir los beneficios estipulados en el acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el marco jurídico para la paz.
En el documento enviado al fiscal General, Eduardo Montealegre se hacen varias consideraciones a las declaraciones presentadas por el jefe del ente investigador en las cuales indicó que los militares procesados por los hechos del Palacio de Justicia podrían ser incluidos en una ley transicional.
El excomandante de la Escuela de Caballería aseguró que no quiere hacer parte de la entrega de estos beneficios jurídicos, puesto que no quiere hacer parte de las negociaciones políticas que se adelantan entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
«Actualmente, cuando el honor es una virtud cada vez más escasa, resulta difícil comprender que un ciudadano rechace beneficios legales o políticos que le aseguren un mejor tratamiento por parte del Estado y decida por el contrario atenerse al alea de una sentencia judicial, que en tanto proferida por seres humanos, está cuando menos, sujeta a la posibilidad del error», precisa uno de los apartes.
Ante esto se indica que la decisión del excomandante de la Escuela de Caballería es «rechazar cualquier mecanismo procesal o sustancia que implique la aceptación tácita o expresa de responsabilidad penal, por mínima que ésta sea, solo puede comprenderse desde el honor militar y familiar, la fe en Dios y la tranquilidad de conciencia».
En el último punto se indica que en el Marco Jurídico para la paz se presentan una serie de escenarios que para las Fuerzas Militares conllevan a la impunidad, señalando que espera que su proceso penal se resuelva en derecho.
El coronel se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Caballería en el Norte de Bogotá pagando una condena de 30 años de prisión, sentencia que se encuentra en etapa de casación en la Corte Suprema de Justicia.