La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento para el expresidente de la Cámara de Representantes, Oscar Arboleda Palacio, investigado por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
El pasado viernes 13 de septiembre, el parlamentario andino rindió indagatoria ante un magistrado auxiliar sobre los hechos que rodearon las supuestas reuniones con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia y el presunto financiamiento del extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ a su campaña al Congreso de la República.
En dicha diligencia judicial, el excongresista aseguró que se reunió en cuatro oportunidades representantes de las AUC, sin embargo esos encuentros los adelantó cuando fungía como presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República indicando que esas reuniones nunca fueron clandestinas.
“Su función era acudir a los llamados que se hacían desde las dos orillas: el estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno para atender la situación del conflicto”, indicó el abogado Edgar Torres, al señalar que estas reuniones fueron ordenadas y conocidas por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Igualmente indicó que los comandantes paramilitares lo han dicho que si le constan las reuniones en diferentes sitios pero no fueron clandestinas ni ocultas puesto que fueron ordenadas por la presidencia de la Cámara de Representantes. (Ver Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos)
La investigación en contra del excongresista se desprende de la misma investigación por la cual resultó condenado Óscar Suárez Mira y por la que la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento el pasado 5 de septiembre al exprecandidato del partido Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos.
El expediente señala que a principios de 2005 en la finca de Hugo Albeiro Quintero, alias ‘el patrón de Bello’, se reunieron los entonces congresistas conservadores Óscar Suárez Mira, Luis Alfredo Ramos, Manuel Ramiro Velásquez y Oscar Arboleda Palacio. A ese encuentro asistieron los jefes paramilitares ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’, ‘Alberto Guerrero’ y ‘El patrón de Bello’.
El objetivo de la reunión era pactar un acuerdo para que los parlamentarios apoyaran la Ley de Justicia y Paz que hacía tránsito en el Congreso.El problema es que ninguno de los congresistas tenía autorización del gobierno Uribe para realizar este tipo de reuniones.
La Corte basó su decisión en las declaraciones entregadas por un grupo de paramilitares que salpicaron a varios dirigentes políticos quien habrían pactado estos acuerdos a cambio de legislar a favor de este grupo armado ilegal.
Ahora se inicará la etapa de recolección de elementos materiales, después de esto la Corte Suprema tendrá que definir si llama a juicio a Arboleda o si archiva la investigación.
La reunión ‘clave’ de la parapolítica
En enero de 2005, en la finca de Hugo Albeiro Restrepo Quintero cuatro dirigentes conservadores se habrían reunido con el Bloque Central Bolívar de las AUC que delinquían en el departamento de Antioquia.
En dicho encuentro estuvieron presentes Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ y Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’ con cuatro dirigentes políticos conservadores del departamento de Antioquia (Luis Alfredo Ramos, Oscar Suárez Mira, Oscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez)
Entre copas de whisky, sostiene la Corte Suprema, los políticos asistentes se comprometieron a impulsar el proyecto de la ley de Justicia y Paz que establecía penas alternativas para los paramilitares que se desmovilizaran, entre otros beneficios judiciales.
En otro encuentro, el alto tribunal indica que «Pablo Hernán Sierra alias el ‘Tuso’ señala, con detalle, que fue en la sede asignada a Iván Roberto Duque en Santafé de Ralito, donde presenció una reunión en la que departían licor este, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’ y Carlos Alonso Lucio, y que planeaban la necesidad de hablar con el procesado sobre acompañamiento al proyecto de ley de justicia».
Igualmente se dejó en claro que el ‘Tuso’ le habría entregado cerca de 10 millones de pesos a través de uno de los aliados del frente.
Ante esto, el alto tribunal consideró que debido a la gravedad de este tipo de conductas Ramos representa un riesgo para la sociedad, base para cobijarlo con la medida de aseguramiento.